El Senado recibió una iniciativa que plantea una reforma integral a la Ley de Amparo con el fin de hacer más ágil y accesible este juicio, considerado la principal herramienta de defensa de los derechos humanos en México.
La propuesta también incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con impacto directo en la recaudación y el combate a delitos financieros.
Fortalecimiento del amparo
La iniciativa, presentada tras la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces en 2024, busca consolidar un modelo de justicia abierto y humanista.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la definición precisa del interés legítimo, que ahora deberá implicar una lesión jurídica real, actual y diferenciada, con un beneficio cierto para la persona quejosa en caso de obtener el amparo.
En materia de suspensión de actos reclamados, se establecen límites más estrictos: no procederá cuando se trate de permisos revocados, operaciones vinculadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, casos que comprometan la deuda pública, ni en supuestos que contravengan el orden público.
Además, se aclara que la suspensión contra órdenes de aprehensión no podrá tener efectos distintos a los que marca la ley.
Justicia digital y plazos procesales
Otro de los ejes centrales es el juicio de amparo digital, que permitirá presentar promociones y notificaciones por vía electrónica, con expedientes digitales obligatorios para autoridades y opcionales para particulares.
Este esquema, de acuerdo con la propuesta, busca reducir costos, agilizar trámites y garantizar mayor transparencia en los procesos.
Asimismo, se fijan plazos claros para notificaciones, audiencias y resoluciones que antes no estaban definidos, con el objetivo de evitar dilaciones.
También se sancionarán las recusaciones y pruebas que se promuevan con fines meramente dilatorios.
Impacto en finanzas y recaudación
La reforma también tiene un componente económico. Se documenta que entre 2018 y 2025 se promovieron 3,659 amparos contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que resultaron en el desbloqueo de más de 27 mil millones de pesos por suspensiones y otros 32 mil millones por sentencias firmes.
Para frenar este impacto, la iniciativa plantea que la suspensión no podrá usarse para obstaculizar investigaciones de la UIF ni para permitir operaciones posiblemente ligadas a recursos ilícitos.
En materia fiscal, se busca cerrar la puerta a recursos que retrasan la ejecución de créditos fiscales firmes, los cuales pueden tardar hasta 10 años en resolverse, afectando directamente la recaudación y el financiamiento de servicios públicos.
Hacia una justicia más eficaz
De aprobarse, la reforma permitirá consolidar un amparo más ágil, social, digital y blindado contra abusos, además de fortalecer la capacidad del Estado para recaudar y combatir delitos financieros. El Senado discutirá esta propuesta en los próximos periodos legislativos.
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