La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alista un paquete de reformas para frenar el mercado negro del agua y garantizar que el recurso sea administrado como un derecho humano y no como mercancía.
Efraín Morales López, director general de la dependencia, explicó que las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General en materia de aguas buscan fortalecer la autoridad del Estado y evitar que las concesiones sigan intercambiándose entre particulares, como ocurre desde la década de los noventa.
“Hoy, cuando alguien necesita agua para consumo humano o para un proyecto productivo, la respuesta oficial es que no hay disponibilidad. Pero si paga a un particular, puede conseguir un título de concesión. Esa práctica dio origen al mercado negro del agua y es lo que vamos a frenar”, advirtió.
Sanciones más duras por delitos hídricos
El funcionario adelantó que se incluirá un nuevo capítulo de delitos hídricos, ya que las sanciones actuales resultan insuficientes. “Hoy basta con pagar una multa económica para volver a instalar un pozo clandestino o reabrir un negocio irregular. Queremos sanciones ejemplares, incluso la extinción de dominio en casos de reincidencia”, señaló.
Ordenamiento y desprivatización
En paralelo, la Conagua lleva a cabo un programa de ordenamiento de concesiones, compromiso presidencial que contempla la revisión de más de 536 mil títulos y la digitalización de trámites a través de una ventanilla única.
Con estas acciones, el organismo ha logrado recuperar más de 4 mil millones de metros cúbicos de agua, volumen equivalente al consumo de la Ciudad de México durante cuatro años, además de incrementar la recaudación por aprovechamientos.
Morales recordó que estas medidas se enmarcan en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, firmado con gobiernos, académicos, productores y empresas.
“El agua no puede seguir siendo un negocio privado. Debe regresar al control de la nación para garantizar una distribución más justa y sustentable”, concluyó.
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