El diputado Pablo Vázquez Ahued, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para reformar el artículo 185 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de robustecer los derechos de los consumidores y usuarios de telefonía móvil en México.
La propuesta, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, busca garantizar que los usuarios puedan establecer un límite máximo de consumo en sus servicios móviles —independientemente de la modalidad contratada— para evitar cargos adicionales, sin que ello implique un costo extra por parte del concesionario.
Asimismo, plantea que los servicios de telecomunicaciones se ofrezcan conforme a los parámetros e índices de calidad definidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y que estos compromisos se detallen de forma clara y desglosada en los contratos de adhesión. En caso de incumplimiento, el usuario podrá rescindir el contrato sin penalización, debiendo cubrir únicamente los costos pendientes.
Otro punto relevante de la iniciativa es el derecho a recibir los equipos en los términos establecidos por la Comisión Reguladora, así como a solicitar y obtener el desbloqueo inmediato del dispositivo —una vez concluido el contrato, liquidado su costo o pagado de contado— mediante medios electrónicos, sin necesidad de acudir físicamente a los centros de atención.
La reforma también contempla que los saldos no consumidos de servicios incluidos en el plan tarifario, así como los complementarios contratados de forma expresa, sean reintegrados al usuario en el siguiente mes de facturación, siempre que sea técnicamente viable y conforme a los lineamientos del órgano regulador.
En materia de supervisión, se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) deberá verificar, al menos cada dieciocho meses, las condiciones de los contratos de adhesión, y podrá solicitar modificaciones para mejorar la calidad de los servicios móviles, en coordinación con los lineamientos emitidos por el regulador competente.
La exposición de motivos de la iniciativa destaca que, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las principales inconformidades de los usuarios se relacionan con fallas en el servicio, cargos indebidos, saldos y bonificaciones. También se reportan problemas con la portabilidad, contrataciones, publicidad engañosa, evasión en el desbloqueo de celulares, cambios de plan sin previo aviso y negativa a hacer válida la garantía de los equipos.
Con esta reforma, el legislador busca avanzar hacia una mayor transparencia, calidad y equidad en la prestación de servicios móviles, en beneficio de millones de usuarios en el país.
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