Con 348 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, con el propósito de normar la emisión y uso de falsos comprobantes fiscales y establecer consecuencias jurídicas más severas para quienes realicen actividades relacionadas con ellos.
La propuesta, que forma parte del Paquete Económico 2026 enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortalece las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al permitirle negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales cuyos socios, representantes legales o accionistas estén vinculados con empresas fantasma, transmisoras indebidas de pérdidas fiscales o factureras de operaciones inexistentes.
Nuevas facultades y sanciones
El dictamen establece que el SAT podrá verificar la autenticidad de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), a fin de asegurar que amparen operaciones reales, existentes y verificables. Aquellos que no cumplan con estos criterios serán considerados comprobantes falsos, con lo que se abren acciones penales contra las personas físicas o morales involucradas, incluidos sus representantes legales.
Asimismo, la autoridad fiscal podrá suspender la emisión de comprobantes digitales desde el inicio de una visita de verificación, fijando un plazo máximo de 24 días hábiles para desahogar el procedimiento, incluidas las etapas de presentación de pruebas y emisión de la resolución.
El dictamen contempla que los contribuyentes que reciban facturas falsas contarán con 30 días naturales para corregir su situación fiscal mediante una declaración complementaria. En caso contrario, el SAT restringirá temporalmente su certificado de sello digital.
Transparencia y publicación de infractores
Como medida de disuasión, el nombre y la clave del RFC de quienes emitan comprobantes fiscales falsos serán publicados en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación, a fin de prevenir nuevas operaciones ilícitas.
El documento también adiciona párrafos al artículo 113 Bis del Código Fiscal, para facultar a la autoridad a presentar querella penal contra los contribuyentes que incurran en estas prácticas, en armonía con las disposiciones del artículo 19 constitucional.
Objetivo: simplificación y seguridad jurídica
Además de endurecer sanciones, la reforma busca simplificar los procesos fiscales, fortalecer la seguridad jurídica y eliminar márgenes de arbitrariedad administrativa, garantizando que toda actividad económica sustentada en comprobantes digitales corresponda a actos jurídicos reales y verificables.
Con estas medidas, el Congreso busca cerrar espacios a la evasión y el fraude fiscal, así como proteger la integridad del sistema tributario nacional frente a esquemas de simulación que afectan la recaudación y la competencia leal entre empresas.
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