Con el respaldo de su mayoría, Morena y sus aliados aprobaron en la Cámara de Diputados reformas al Código Fiscal de la Federación que permitirán al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceder “en línea y en tiempo real” a las bases de datos de los contribuyentes que operan mediante plataformas digitales, medida que entrará en vigor el 1 de abril de 2026.
El dictamen, avalado con 348 votos a favor y 130 en contra, también endurece las sanciones contra quienes emitan o utilicen comprobantes fiscales falsos, con penas de hasta nueve años de prisión.
“Gran hermano fiscal”, acusan PAN y PRI
Durante la sesión, legisladores de oposición advirtieron que las reformas abren la puerta a un “espionaje digital” del gobierno sobre la ciudadanía.
La diputada Verónica Pérez (PAN) denunció que el SAT podrá vigilar actividades dentro de plataformas como Tinder, Mercado Libre o Uber:
“Ahora quieren hasta espiar las plataformas digitales, como Tinder y otras más. Al gobierno le interesa ver a quién le dan ‘like’. El SAT se volvió policía”, afirmó.
En la misma línea, Verónica Martínez (PRI) sostuvo que la administración “va a vulnerar derechos fundamentales, dando facultades a las autoridades fiscales para acceder en tiempo real a la información digital de las y los mexicanos”.
Advirtió que esta disposición es “claramente inconstitucional” por violar el artículo 16 de la Constitución, que exige orden judicial para intervenir información privada.
“Esto genera inseguridad jurídica; miles de pequeños negocios dependen de las plataformas digitales. Obligarles a abrir sus sistemas podría empujarlas al mercado negro”, dijo.
Otros legisladores, como Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN), calificaron la medida como la instalación de un “monstruo digital” con “ojos en todas partes”:
“El SAT se convierte en un gran hermano fiscal, capaz de espiar lo que haces, vendes o escribes en tu computadora”.
Defensa oficialista: “solo para comprobar obligaciones fiscales”
Desde Morena, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, aseguró que la intención de la reforma es fortalecer la capacidad de fiscalización del SAT, “respetando la privacidad y la protección de datos personales”.
“El acceso se limita únicamente a la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, subrayó.
Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 advirtieron que el acceso “en línea y en tiempo real” constituye en sí mismo “una interferencia descontrolada en el derecho a la privacidad”, pues no requiere justificar las razones para intervenir datos personales.
Contenido de la reforma
El nuevo artículo 30-B establece que los prestadores de servicios digitales deberán permitir al SAT acceso permanente a los registros que permitan comprobar el debido cumplimiento de obligaciones fiscales, bajo reglas de carácter general que el propio SAT emitirá.
El incumplimiento de esta obligación podrá derivar en el bloqueo temporal de las plataformas.
Asimismo, el artículo 113-Bis dispone penas de dos a nueve años de prisión a quien “por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales” que amparen operaciones inexistentes o falsas.
Larga sesión y reservas mínimas
La discusión se prolongó más de 12 horas, hasta la madrugada del jueves. Solo tres legisladores oficialistas —Altamirano, Carlos Morelos (PT) y María Rosales (Morena)— subieron a tribuna para defender el dictamen.
La morenista Freyda Marybel Villegas Canché presentó una reserva para establecer un plazo de adecuación a las plataformas digitales antes de que entre en vigor la medida el próximo año.
Críticas finales
Para la oposición, la reforma convierte al SAT en “un órgano de vigilancia masiva”.
“El gobierno instala su propio gran hermano tributario, un aparato que observa, archiva y sanciona sin mirar hacia adentro”, advirtió Paloma Domínguez Ugarte (PRI).
Mientras tanto, el bloque oficialista defendió que se trata de una medida “técnica y necesaria” para combatir la evasión fiscal en el entorno digital.
Con esta reforma, México se encamina hacia un modelo de fiscalización digital total, en medio de un debate abierto sobre los límites entre la eficiencia tributaria y la privacidad ciudadana.
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