El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, acusó públicamente una presunta persecución política orquestada desde el gobierno federal, señalando que se ha instruido a gobernadores de todo el país para investigar sus empresas y afectar sus intereses, particularmente en el estado de Sinaloa.
A través de una publicación en la red social X, Salinas Pliego afirmó que recibió información filtrada desde el gobierno sinaloense sobre una supuesta orden nacional para iniciar procesos en su contra. “Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de fútbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior Gobierno del Estado”, escribió el empresario.
El señalamiento se refiere directamente al Mazatlán F.C., equipo de fútbol propiedad de Grupo Salinas, y al uso del estadio Kraken, cuya concesión fue otorgada durante la administración estatal anterior. Salinas cuestionó si los sinaloenses “se darán un balazo en el pie” al intentar sacar a su equipo del estado.
En respuesta, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó categóricamente cualquier investigación en curso contra Grupo Salinas o el Mazatlán F.C. “Considero oportuno aclararle que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol”, expresó Rocha en su cuenta oficial de X.
El mandatario estatal se deslindó de las acusaciones, subrayando que su gobierno garantiza el respeto a los derechos jurídicos de todos los actores económicos. No hizo referencia directa a una supuesta instrucción federal, pero sí enfatizó que no existe intención alguna de rescindir la concesión del estadio ni de afectar al equipo de fútbol.
Este intercambio se da en el contexto de una prolongada disputa fiscal entre Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por adeudos que superan los 70 mil millones de pesos. El empresario ha sostenido que se trata de una campaña para “quebrarlo” y silenciarlo.
La controversia ha generado reacciones en redes sociales y medios nacionales, donde se debate el alcance de las acusaciones y la postura de los gobiernos involucrados. Hasta el momento, no se ha presentado evidencia oficial que confirme la existencia de una instrucción federal para investigar a Grupo Salinas.
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