La Cámara de Diputados alista aprobar la próxima semana la iniciativa presidencial que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que se busca endurecer las sanciones y unificar el tipo penal en todo el país.
De acuerdo con fuentes legislativas, el dictamen será llevado al Pleno el martes o miércoles, con el respaldo de la mayoría de las bancadas, al tratarse de una de las reformas prioritarias del Ejecutivo federal.
La ley reglamentaria del artículo 73 constitucional no sólo crea un nuevo marco legal general, sino que también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para fortalecer las herramientas de persecución y castigo.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la norma “es una ley de combate a la extorsión, para unificar el tipo penal en todo el país, proteger a las víctimas y endurecer sanciones a quienes dañan a la sociedad”.
Penas más severas y denuncia anónima
La iniciativa establece penas de seis a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA para quien, sin derecho, obligue a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro, o causando daño patrimonial, moral, físico o psicológico.
El castigo se agravará en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes o menores de edad, o si el delito es cometido por un servidor público.
Asimismo, se establece el número 089 como línea de denuncia anónima, en la que bastará la descripción de los hechos para que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación.
Sin beneficios de preliberación
En materia de ejecución penal, el proyecto crea un régimen estricto que niega beneficios preliberacionales o conmutación de pena a quienes sean sentenciados por extorsión, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia.
Con esta ley, el Congreso busca dar respuesta al crecimiento del delito de extorsión en el país, considerado por las autoridades como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Deja una respuesta