El maestro José Eugenio Traslosheros Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que la creciente incorporación de símbolos y rituales religiosos en actos oficiales del Estado mexicano representa una amenaza directa a la laicidad y a la libertad religiosa, pilares fundamentales de la vida democrática.
Durante la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2025, elaborado por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), el académico sostuvo que el actual gobierno ha normalizado la utilización de elementos religiosos en ceremonias públicas, una práctica que calificó de “manipulación simbólica del poder” y de “peligroso precedente para la convivencia democrática”.
“En México se están incorporando rituales religiosos a los actos de Estado, bajo el pretexto de que son expresiones culturales o de rescate ancestral. Pero no lo son: son rituales con carga espiritual. Vimos cómo, en la toma de posesión presidencial, se rindió culto a Quetzalcóatl y se realizaron ceremonias con rezos y ofrendas. Lo mismo ha ocurrido en eventos del Poder Judicial. Eso, desde la perspectiva del Estado laico, es grave”, expresó Traslosheros.
“El poder político está usando la religión como herramienta de legitimación”
El investigador explicó que estos actos constituyen una forma de sacralización del poder, donde el Estado pretende adquirir un manto de autoridad moral y trascendencia a través de símbolos religiosos.
“Cuando el poder político se reviste de carácter sagrado, deja de ser un poder republicano. Se coloca por encima de la crítica y convierte la fe en un instrumento de dominación. Todos los regímenes autoritarios del siglo XX —del fascismo al nacionalsocialismo— recurrieron a la justificación religiosa y al uso de rituales paganos para consolidar su control sobre la sociedad”, advirtió.
El académico recordó que la laicidad no implica hostilidad hacia la religión, sino respeto a la pluralidad espiritual y separación efectiva entre el Estado y las creencias. Por ello, insistió, el uso de símbolos religiosos en actos de gobierno “rompe con un principio civilizatorio que México ha defendido durante más de un siglo”.
“La neutralidad del Estado es lo que garantiza la libertad de todos. Si el gobierno adopta una espiritualidad oficial —aunque sea bajo un discurso cultural o ideológico—, lo que hace es sustituir la libertad de conciencia por un nuevo dogma político”, subrayó.
Crisis de libertad religiosa y vulnerabilidad social
Traslosheros advirtió que México enfrenta una crisis profunda de libertad religiosa, que no se limita a los símbolos, sino que se expresa en formas cotidianas de represión, discriminación y violencia.
“Estamos viviendo una persecución de baja intensidad: no se mata al cuerpo, pero se hiere el alma. Se reprime el derecho de las personas a vivir conforme a su fe o a su cosmovisión. Cuando se excluye la espiritualidad del espacio público, se ataca la dignidad humana”, explicó.
El académico señaló que esta situación se agrava por la violencia del crimen organizado, que en distintas regiones del país “ha convertido a las comunidades religiosas en blanco de extorsiones, amenazas y desplazamientos forzados”.
“El crimen organizado se ha transformado en uno de los principales agentes de persecución religiosa. En México, cobra derecho de piso a iglesias, secuestra a sacerdotes y asesina a líderes comunitarios. Mientras tanto, el Estado permanece omiso”, denunció.
Falta de leyes y debilitamiento institucional
El especialista también criticó que México carece de una ley reglamentaria que garantice plenamente la libertad religiosa, a pesar de que el artículo 24 de la Constitución reconoce este derecho.
“No hay una Ley General de Libertad Religiosa. Lo que tenemos es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que regula la vida administrativa de los grupos de fe, pero no protege el derecho humano de profesar o no profesar una religión. No existen organismos de defensa ni mecanismos de reparación”, afirmó.
Asimismo, alertó sobre el debilitamiento de las instituciones judiciales y de los mecanismos de defensa ciudadana, como el juicio de amparo, que calificó como “el mayor aporte del derecho mexicano al mundo”.
“El amparo se ha vaciado de contenido. Su función ya no es proteger al ciudadano, sino justificar las decisiones del poder. Si se destruye la autonomía judicial y la libertad religiosa deja de garantizarse, entramos en una fase de autoritarismo real”, sentenció.
“Estamos ante una crisis de humanidad”
El académico concluyó que la combinación de manipulación religiosa, violencia criminal y erosión del Estado de Derecho configura una crisis de fondo, que no sólo afecta a los creyentes, sino a toda la sociedad.
“Estamos frente a una crisis de humanidad. No se trata sólo de la Iglesia o de los fieles: se trata de la libertad interior, de la posibilidad de vivir conforme a la propia conciencia. Sin esa libertad, ningún otro derecho humano puede sostenerse”, dijo.
Finalmente, llamó a las instituciones, a las comunidades religiosas y a la sociedad civil a defender la libertad de conciencia como un valor civilizatorio.
“La libertad religiosa no es un asunto de fe, sino de justicia. Es el derecho a ser plenamente humano, a vivir en verdad. Si el poder político intenta apropiarse de la religión, debemos recordar que la fe pertenece a las personas, no al Estado”, concluyó.
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