En sesión vespertina, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional.
El diputado explicó que esta nueva legislación, derivada de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca dotar al Estado mexicano de una herramienta moderna, coordinada y con alcance nacional para combatir uno de los delitos más extendidos del país.
Una sola definición y coordinación nacional
Moreno Rivera destacó que la ley pone fin a la dispersión legal que existía, ya que cada estado tenía su propio concepto y castigo para la extorsión. “Habrá una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno”, afirmó. La intención es que el Estado actúe como un solo frente y evite que los delincuentes aprovechen vacíos legales.
Además, la extorsión se investigará de oficio, sin necesidad de denuncia previa. “Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo o desconfianza. Con esta ley, el Estado asume la rectoría: si hay indicios, se investiga, se persigue y se castiga”, subrayó.
Protección a víctimas y combate digital
El dictamen incorpora medidas para proteger la identidad de víctimas y testigos, habilita denuncias anónimas mediante el número 089 y amplía el concepto de extorsión a modalidades digitales como llamadas, mensajes, redes sociales o acciones desde penales.
Las autoridades podrán bloquear de inmediato números telefónicos utilizados en extorsiones, y las compañías de telecomunicaciones estarán obligadas a colaborar. “Se ataca el corazón de la impunidad digital y se combate la extorsión desde el interior de las cárceles”, apuntó.
Penas más severas y sin beneficios
La nueva ley establece que la extorsión será perseguida mediante prisión preventiva oficiosa, sin beneficios de libertad anticipada, y aumenta las sanciones para funcionarios públicos involucrados. “Quienes traicionan al pueblo desde el poder merecen el castigo más firme”, sostuvo el legislador.
Justicia para quienes viven bajo amenaza
Moreno Rivera enfatizó que la norma no es punitiva, sino de justicia: “Para la señora del abarrotes, el transportista, el comerciante o el empresario que ha tenido que cerrar su negocio por miedo. Con esta ley podrán denunciar sin riesgo y con protección”.
Afirmó que la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal” que daña la economía nacional. “Cuando el gobierno combate la extorsión, genera desarrollo. La seguridad no es un gasto, es la mejor inversión social”, señaló.
Coordinación obligatoria y reformas conexas
El dictamen obliga a federación, estados y municipios a homologar su legislación y compartir información y estrategias. “Ya no habrá excusas, cada autoridad sabrá lo que le toca hacer. El Estado debe funcionar como un solo cuerpo”, recalcó.
La propuesta también reforma y adiciona el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“Hoy el Congreso demuestra que responde a los problemas reales: la gente que trabaja, los productores, las familias que quieren vivir sin miedo. Quien vive amenazado no puede prosperar”, concluyó Moreno Rivera.
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