El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que busca reforzar la protección a los usuarios de servicios financieros frente a la práctica de emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento y evitar cobros por productos no solicitados.
La propuesta plantea reformar y adicionar diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de que las instituciones no puedan cobrar comisiones, anualidades o beneficios adicionales sin la autorización expresa del titular.
De acuerdo con el legislador de Morena, las entidades emisoras deberán garantizar que toda información sobre costos y comisiones sea clara, veraz y suficiente, y que los usuarios puedan cancelar sus tarjetas de manera presencial, telefónica o digital, mediante procesos gratuitos, accesibles y disponibles las 24 horas.
Monreal propone que, al solicitar la cancelación, las instituciones realicen un bloqueo preventivo inmediato para evitar cargos adicionales, y que el trámite concluya en un plazo máximo de tres días hábiles. La cancelación deberá formalizarse mediante constancia física o digital, y las instituciones tendrán la obligación de reembolsar cobros indebidos en un máximo de cinco días.
Además, la iniciativa establece que la emisión de tarjetas sin consentimiento expreso será nula de pleno derecho y no generará obligación alguna, ni afectaciones al historial crediticio del usuario. La supervisión de estas medidas corresponderá a la Condusef y, en el caso de emisores comerciales, a la Profeco.
El senador subrayó que esta propuesta busca garantizar un “derecho real y efectivo” a la cancelación y reforzar la adhesión voluntaria a los servicios financieros. Recordó que, solo en 2024, la Condusef recibió 251 mil 528 reclamaciones, de las cuales 7 mil 594 correspondieron a cancelaciones no atendidas o rechazadas.
“Se debilita el principio fundamental de que todo contrato requiere una manifestación libre y consciente de la voluntad. Ya sea al dificultar la salida o al forzar la entrada, se restringe indebidamente la autonomía contractual del usuario”, enfatizó Monreal.
Con estas reformas, el legislador busca que los consumidores puedan ejercer su derecho de cancelación sin trabas y evitar prácticas engañosas que vulneren su libertad contractual y su seguridad financiera.
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