El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que la próxima semana se discutirá en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en el Pleno el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, estimado en 10.1 billones de pesos.
Durante la conferencia “Legislativa del Pueblo”, detalló que el proyecto fue enviado a los grupos parlamentarios y a los integrantes de la comisión la noche del miércoles. “No habrá dispensa de trámite ni excepciones a la ley. Corren los cinco días: el lunes hay reunión de comisiones, el martes empezamos la discusión en lo general, miércoles en lo particular, jueves y viernes para concluirlo”, puntualizó.
El legislador explicó que la Comisión de Presupuesto discutirá y aprobará el dictamen el lunes 3 de noviembre, mientras que el martes 4 se dará publicidad al documento y se abrirá el debate general. El miércoles 5 de noviembre se prevé la discusión en lo particular hasta agotar reservas.
“En lo general habrá tres rondas de debate, es decir, 36 oradores; y en lo particular, me temo, serán cientos de reservas”, anticipó.
Reasignaciones y ajustes
Monreal adelantó que se prevén reasignaciones por 17 mil millones de pesos, que se destinarán a educación, infraestructura, medio ambiente y cultura.
“El Poder Legislativo y el Senado quedan sin aumento; el Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral tendrán reducciones”, señaló.
Sobre la Secretaría de la Defensa Nacional, explicó que el incremento de su presupuesto obedece al traslado de recursos de la Guardia Nacional desde la Secretaría de Seguridad, “aunque incluso con ello no alcanzará para su operación completa”, advirtió.
Iniciativa sobre tarjetas de crédito y débito
El diputado morenista también informó que se aplazará la discusión de su iniciativa en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito, para permitir su análisis por los grupos parlamentarios.
El proyecto plantea adicionar los artículos 18 bis 9 al 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el fin de garantizar que la cancelación de tarjetas sea directa, sin costo y en un plazo máximo de tres días hábiles.
Monreal denunció que cerca del 30% de los 34 millones de usuarios con tarjeta no la solicitaron y que muchas se entregan sin consentimiento, lo que “puede derivar en fraudes y robos de identidad”.
“Se prohíbe entregar tarjetas sin autorización expresa y se obliga a reembolsar cobros indebidos, trasladando la responsabilidad a la institución financiera”, explicó.
El legislador subrayó que la iniciativa busca fortalecer los derechos de los usuarios, con sanciones que van desde amonestaciones hasta la revocación del permiso o concesión de las instituciones que incumplan.
“Todos tienen que sujetarse a la ley”, concluyó.
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