Organizaciones civiles, especialistas en salud pública y fiscalistas reconocieron la aprobación de la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incrementa los gravámenes a las bebidas azucaradas y productos de tabaco.
Sin embargo, lamentaron que las bebidas alcohólicas quedaran fuera de la medida y advirtieron sobre la injerencia de las industrias en las decisiones del gobierno.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, calificó la aprobación como “un paso importante para el bienestar colectivo”, pero advirtió sobre el riesgo de captura regulatoria.
“Los impuestos saludables son una de las medidas más costo-efectivas para reducir los daños del consumo de productos ultraprocesados, alcohol y tabaco. Pero si se permite la cooperación con las industrias, el resultado beneficiará a unos cuantos y pondrá en riesgo la salud de millones”, señaló.
Calvillo insistió en que aún falta alcanzar el nivel de gravamen recomendado por organismos internacionales —un 20% sobre bebidas azucaradas— y destinar de manera garantizada los recursos a salud pública.
“México no puede seguir postergando un impuesto al alcohol; es indispensable para proteger la salud y reforzar las finanzas del sistema de salud”, añadió.
Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, reconoció que el incremento al tabaco y las bebidas azucaradas es “un triunfo para la salud pública”, aunque alertó sobre “la legalización fiscal de productos de nicotina sin un marco regulatorio fuerte”. Recalcó que la sociedad civil evaluará de manera independiente los efectos de esta política.
Paulina Magaña, de la Alianza por la Salud Alimentaria, subrayó que “el alto consumo de bebidas azucaradas en México provoca más de 230 mil nuevos casos de enfermedades crónicas y unas 46 mil muertes al año”.
Reiteró la urgencia de aplicar el impuesto del 20% sugerido por la OMS para lograr un impacto real en la reducción del consumo.
Desde el ámbito fiscal, Iván Benumea, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, recordó que “el costo del sobrepeso y la obesidad supera los 600 mil millones de pesos, el equivalente a dos terceras partes de los programas sociales prioritarios”.
Propuso etiquetar los ingresos del IEPS a favor del IMSS-Bienestar y eliminar beneficios fiscales a las industrias de alimentos y bebidas ultraprocesadas.
En tanto, Alonso Robledo, vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), lamentó “la falta de voluntad política para gravar el alcohol”, pues con una cuota específica por mililitro de alcohol puro se podrían reducir los consumos en hasta 37% y recaudar más de 100 mil millones de pesos. “México perdió una oportunidad histórica”, afirmó.
Las organizaciones coincidieron en que la salud no debe negociarse. “Las políticas públicas deben servir a las personas, no a las corporaciones”, concluyeron.
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