En un país donde conseguir un diagnóstico de autismo puede tardar años y las terapias cuestan más que un salario mensual, la diputada Ana Isabel González, del PRI, propuso una reforma para cambiar esa realidad. Su iniciativa busca que la Secretaría de Salud impulse centros especializados en neurodiversidad que brinden atención integral, desde el diagnóstico temprano hasta el acompañamiento y capacitación de las familias.
La propuesta plantea modificar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar servicios públicos accesibles y equitativos para todas las personas con autismo u otras condiciones del espectro. Estos centros ofrecerían diagnóstico oportuno, terapias multidisciplinarias y orientación familiar, especialmente para quienes viven fuera de las grandes ciudades o no pueden costear atención privada.
Durante su intervención, González subrayó que el autismo no es una enfermedad, sino una forma distinta de procesar el mundo. Según la OMS, uno de cada 160 niños está dentro del espectro autista; en México, los estudios elevan la cifra a uno de cada 115.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis. De aprobarse, representaría un paso hacia un sistema que no deje solas a las familias. “El Estado debe ser quien busque a las personas, no al revés”, expresó la legisladora.
Más que una propuesta legislativa, González busca abrir una conversación nacional: incluir es garantizar derechos, salud y oportunidades reales para todas las personas, sin importar su condición ni su código postal.
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