A casi 32 años del magnicidio que marcó un parteaguas en la historia política de México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), señalado como presunto segundo tirador en el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La captura se realizó en Tijuana, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión federal y con el respaldo de una ficha roja emitida por Interpol.
De acuerdo con la FGR, Sánchez Ortega fue arrestado por segunda ocasión en relación con el caso, luego de que en 1994 fuera detenido y posteriormente liberado por “falta de elementos”, a pesar de haber dado positivo en la prueba de rodizonato de sodio —indicador de residuos de disparo— y portar una prenda manchada con sangre de la víctima.
La reaprehensión ocurre tras nuevas líneas de investigación abiertas en 2024, cuando la FGR reactivó el expediente del caso Colosio y señaló “omisiones evidentes” en las indagatorias originales.
En ese contexto, Sánchez Ortega fue identificado formalmente como presunto segundo tirador, lo que reavivó el debate sobre la existencia de una posible conspiración detrás del crimen ocurrido el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.
Además de su pasado como agente del CISEN, Sánchez Ortega se desempeñaba recientemente como directivo de la firma financiera Peak Growth Capital, lo que permitió su localización a través de mecanismos de cooperación internacional. La FGR no ha revelado mayores detalles sobre su situación jurídica actual ni sobre los próximos pasos procesales, aunque se espera que sea trasladado a la Ciudad de México para rendir declaración ante el Ministerio Público Federal.
El asesinato de Colosio, quien representaba una corriente reformista dentro del PRI y había pronunciado su célebre discurso en el Monumento a la Revolución semanas antes de su muerte, sigue siendo un tema de alta sensibilidad nacional.
La versión oficial ha sostenido durante décadas que Mario Aburto Martínez fue el único responsable del crimen, pero múltiples inconsistencias en la investigación han alimentado teorías sobre la participación de otros actores.
La detención de Sánchez Ortega podría abrir una nueva etapa en la búsqueda de justicia y verdad en torno a uno de los episodios más oscuros de la transición democrática mexicana.
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