Con el fin de evitar sanciones internacionales y el riesgo de que México pierda partidos del Mundial 2026, legisladores del PRI presentaron una iniciativa para imponer penas de hasta 12 años de prisión a aficionados violentos y a directivos que incumplan medidas de seguridad en eventos deportivos.
La propuesta, expuesta en tribuna por la diputada priista Lorena Piñón Rivera y respaldada por el coordinador Rubén Moreira, reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Cultura Física y Deporte para crear nuevos delitos y endurecer castigos contra quienes “lancen objetos, invadan la cancha, participen en riñas o ingresen armas” a recintos deportivos. Las sanciones irían de 2 a 12 años de cárcel.
También incorpora responsabilidad penal para directivos de clubes, ligas y federaciones que sean omisos o que apoyen a grupos violentos organizados, con penas de 7 a 12 años. “El prestigio internacional de México y la sede del Mundial 2026 están en juego”, advirtió Piñón Rivera.
Durante la presentación, el morenista Cuauhtémoc Blanco fue el primero en sumarse, lo que llevó al emecista Gibrán Ramírez a desistir: “Yo no firmo algo que firme Cuauhtémoc Blanco”, expresó.
Piñón calificó su propuesta como una “Ley Antibarras” urgente y recordó los hechos del Estadio Corregidora en 2022, que dejaron una fuerte marca internacional. “Cada fin de semana el riesgo se repite”, alertó, advirtiendo que un nuevo episodio podría motivar a la FIFA a retirar partidos o incluso la sede.
Sostuvo que la iniciativa tiene alcance nacional, “desde un campo llanero hasta el Estadio Azteca”. Para suavizar el desencuentro político, Moreira anunció que toda la bancada priista respaldará el proyecto: “Tiene gran sentido en los momentos que vivimos, próximos al Mundial y al deseo de paz en México”.
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