A casi tres décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un juez federal reactivó la controvertida teoría del “segundo tirador” y ordenó abrir juicio contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca, Daniel Marcelino Niño Jiménez, dictó este sábado auto de formal prisión por homicidio calificado en coautoría con Mario Aburto, único sentenciado hasta ahora por el magnicidio.
El fallo implica que Sánchez permanecerá recluido en el Penal del Altiplano durante el proceso, al tratarse de un delito con prisión preventiva de oficio.
La consignación fue integrada por la Fiscalía del Caso Colosio, encabezada por Abel Galván Gallardo, quien retomó indicios previamente descartados por otros jueces en 2023 y 2024.
Niño otorgó validez a dos pruebas cuestionadas desde su origen. La primera es la identificación que hizo Leticia Ortiz, ex compañera de Aburto, quien declaró en 1998 que el entonces obrero recibía visitas de un hombre en la fábrica Camero Magnéticos.
Veinticinco años después, la testigo señaló en una fotografía a Sánchez como ese visitante. La segunda es un peritaje de 2023 que reporta la presencia de una partícula de residuos de disparo en la chamarra del ex agente, hallazgo que la FGR interpreta como indicio de que accionó un arma.
Con esta determinación, Sánchez ocupa el lugar que en su momento tuvo Othón Cortés Vázquez, detenido en 1995 como presunto segundo tirador y absuelto en 1996 por falta de pruebas.
Antes que él también fueron procesados y exonerados miembros del equipo de seguridad de Colosio y policías municipales, sin que ninguno fuera vinculado al segundo disparo.
La versión oficial sostenida desde el año 2000 establece que Mario Aburto disparó dos veces contra el candidato presidencial en Lomas Taurinas y que la chamarra de Sánchez había arrojado resultados negativos en tres análisis distintos.
Sin embargo, durante su administración, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una revisión del caso y prometió no cerrar la investigación, alentando la posibilidad de nuevas líneas.
Sánchez fue, desde 1994, un sospechoso recurrente: fue detenido minutos después del ataque, con la ropa ensangrentada y un resultado positivo a radizonato de sodio, aunque liberado poco después por falta de elementos.
En 2023, la FGR reunió un expediente de nueve tomos y buscó su captura, pero dos veces fue negada por el juez Jesús Chávez Hernández, quien consideró inverosímil la identificación tardía de Ortiz y calificó el peritaje de radiactividad como meramente circunstancial.
La resistencia judicial continuó hasta agosto de 2024, cuando un tribunal colegiado confirmó la negativa de aprehensión. No obstante, la FGR insistió y el 25 de septiembre presentó un expediente ampliado a 11 tomos.
Ya bajo el turno del juez Niño Jiménez, se concedió la orden de captura el 7 de noviembre, y Sánchez fue detenido al día siguiente en Tijuana.
El caso Colosio, uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de México, entra así en una nueva fase judicial, con un imputado más y una teoría que, pese a los años y las controversias, vuelve a colocarse en el centro del debate.
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