La diputada Laura Hernández García (MC), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, encabezó el foro “Por la Revolución de los derechos humanos de las mujeres”, donde abogadas, abogados y activistas expusieron los desafíos que enfrenta el ejercicio jurídico tras las reformas al Poder Judicial y a la Ley de Amparo.
La legisladora advirtió que hoy existe un riesgo creciente para quienes ejercen la abogacía y cuestionó qué ocurre en los juzgados y en la legislación social. Llamó a que instituciones como las comisiones de Derechos Humanos trabajen junto al Poder Judicial y garanticen el cumplimiento de leyes como la Ley General de Víctimas. Pidió que las conclusiones del encuentro se traduzcan en propuestas legislativas.
Integrantes de Abogados Convencionalistas de México señalaron que la reforma judicial ha generado incertidumbre en el gremio y que varios abogados han salido a manifestarse. Afirmaron que los derechos humanos se han vulnerado de manera grave y urgieron a dignificar la profesión.
La activista y periodista Marcela de Jesús Natalia relató las agresiones y violaciones a derechos humanos que ha enfrentado, incluyendo encarcelamiento arbitrario y un intento de asesinato. Celebró la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero exigió justicia para las mujeres indígenas.
Las abogadas Silvia Ivette Olvera Espadas y Paola Ivette Camarillo Sánchez llamaron a la unidad del gremio jurídico ante un contexto de riesgo permanente para quienes defienden a víctimas. Señalaron que la violencia institucional es parte cotidiana del trabajo en fiscalías y juzgados.
En la segunda parte del foro, dedicada a la violencia contra las mujeres, Hernández García subrayó la necesidad de fortalecer protocolos y mecanismos institucionales, especialmente en casos que involucren orientación sexual o identidad de género. Llamó a erradicar prácticas revictimizantes y a capacitar de forma efectiva a autoridades.
El abogado Israel Calva Corro planteó que el amparo debe recuperar su función como control constitucional robusto y presentó su proyecto de amparos gratuitos para grupos vulnerables. Su colaboradora, Edurne Meneses Domínguez, advirtió que la violencia estructural afecta a más del 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años y que la impunidad en delitos como violación y feminicidio continúa enviando un mensaje de desprotección.
Finalmente, el abogado Giovanni Luna Trejo denunció que muchas víctimas no denuncian por maltrato institucional y propuso videograbar comparecencias ante el Ministerio Público para evidenciar prácticas indebidas y reducir la revictimización.
El foro concluyó con el llamado a generar acciones organizadas y reformas que fortalezcan el acceso a la justicia con perspectiva de género y diversidad.
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