La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que modifica la Ley General de Turismo para combatir la trata de personas y la explotación sexual infantil en destinos turísticos. El proyecto, respaldado con 27 votos, integra cuatro iniciativas de legisladoras y legisladores de distintos partidos.
El dictamen adiciona facultades al Ejecutivo Federal para aplicar códigos de conducta, capacitaciones y programas que prevengan estos delitos. También obliga a los prestadores de servicios turísticos a emitir información preventiva, recomendaciones de seguridad y solicitar identificación oficial a todas y todos los usuarios. En caso de negativa, el servicio deberá rechazarse y notificarse de inmediato a las autoridades.
La presidenta de la Comisión, Tania Palacios Kuri (PAN), señaló que estas medidas buscan blindar a ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey rumbo al Mundial de 2026. Afirmó que se trata de un esfuerzo multipartidista orientado a proteger la vida humana y evitar que el país sea territorio para cometer estos ilícitos.
Las diputadas Mildred Concepción Ávila Vera y Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) subrayaron que la reforma atiende riesgos que enfrentan niñas, niños, adolescentes y mujeres en espacios turísticos, especialmente ante el incremento de visitantes por eventos internacionales. Coincidieron en que estas adecuaciones garantizan derechos y previenen el turismo sexual.
Otras voces de Morena —Beatriz Milland Pérez, Luis Humberto Aldana Navarro y Magda Erika Salgado Ponce— destacaron que el dictamen prioriza a la niñez y juventudes, aunque señalaron la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y de ampliar la protección. Legisladores del PVEM, PT y PRI se sumaron al respaldo, aludiendo al deber del Estado de frenar delitos que vulneran comunidades y destruyen vidas.
Durante la presentación del Código de Conducta Nacional (CCN), Salem Gress Razo, de la Secretaría de Turismo, recordó que el instrumento fue actualizado para responder a la realidad de 2025 y a lo que significará el 2026. Solo prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo podrán adherirse, y en diciembre se presentará un protocolo de actuación para identificar y reportar casos.
La diputada Burgos propuso campañas en hoteles, aeropuertos y terminales, y Aldana Navarro pidió establecer servicios de atención inmediata para turistas ante robos, extravíos o agresiones. Según coincidieron las y los legisladores, el objetivo es un turismo seguro, responsable y con mecanismos claros para prevenir y erradicar la explotación en todas sus formas.
Deja una respuesta