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Monreal califica de “exceso legislativo” la llamada Ley Esposa de San Luis Potosí

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados advirtió que la reforma que obliga a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027 podría vulnerar derechos políticos y será la Corte quien defina su constitucionalidad.

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), calificó como un “exceso legislativo” la denominada “Ley Esposa”, recientemente avalada por el Congreso de San Luis Potosí, que obliga a los partidos políticos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

En declaraciones a medios, Monreal señaló que, aunque la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas es un tema relevante, actualmente no existe una regulación legal ni a nivel federal ni local que establezca cómo debe verificarse, por lo que ha sido válido que el Instituto Nacional Electoral supervise el cumplimiento de este principio.

Reconoció que los congresos locales cuentan con libertad configurativa para legislar en la materia, pero advirtió que dicha facultad no puede ser absoluta, ya que debe respetar el derecho de las personas a ser votadas, así como la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.

El legislador sostuvo que la reforma potosina no solo plantea paridad en la postulación, sino también alternancia de género en el cargo, lo que —dijo— restringe derechos políticos y deja fuera a candidaturas independientes. “Para mí, eso constituye un exceso legislativo”, afirmó.

Recordó que la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que será el máximo tribunal el que determine si la reforma es constitucional.

Monreal reiteró que los partidos tienen la obligación de garantizar la paridad en las candidaturas a gubernaturas, pero subrayó que la ausencia de una regulación clara ha generado contradicciones. Añadió que cualquier ciudadano podría impugnar la reforma al considerarse afectado en sus derechos políticos.

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