La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sostiene que el aparato del Estado venezolano fue utilizado para emitir pasaportes y documentos oficiales a favor de narcotraficantes internacionales, como parte de una alianza criminal entre altos funcionarios del chavismo y organizaciones del narcotráfico.
Según la acusación formal, Nicolás Maduro, cuando se desempeñaba como canciller y luego como presidente, “proveyó pasaportes diplomáticos venezolanos a traficantes de drogas” y facilitó “cobertura diplomática para aviones utilizados por organizaciones criminales”. El documento señala que estos mecanismos permitieron mover cocaína y repatriar ganancias ilícitas “bajo apariencia de legalidad”.
La acusación vincula directamente estas facilidades con el Cártel de Sinaloa, entonces encabezado por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. De acuerdo con el escrito, el cartel financió laboratorios de cocaína en Colombia y coordinó envíos que atravesaban Venezuela con protección oficial, incluyendo documentación venezolana para sus operadores.
“El uso de pasaportes venezolanos permitió a narcotraficantes moverse internacionalmente, evadir controles migratorios y asegurar protección estatal”, indica la acusación. Añade que estas acciones fueron posibles gracias a la cooperación de altos funcionarios civiles y militares, entre ellos Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín.
El documento también afirma que los pasaportes y salvoconductos no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia sistemática para “proteger, facilitar y promover el tráfico de cocaína”, en alianza con las FARC, descritas como “narcoterroristas” por la justicia estadounidense.
Para los fiscales, estas prácticas convirtieron a Venezuela en un “centro logístico clave” del narcotráfico regional, donde documentos oficiales, vuelos autorizados y protección diplomática fueron usados como herramientas criminales. Por estos hechos, el gran jurado imputa a los acusados el delito de conspiración de narcoterrorismo, contemplado en el Título 21 del Código de Estados Unidos.
Hasta ahora, el gobierno venezolano ha rechazado en otras ocasiones acusaciones similares, clasificándolas de “persecución política».
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