Miles de iraníes mantienen movilizaciones en varias ciudades del país por segundo fin de semana consecutivo, en una serie de protestas que comenzaron el 28 de diciembre y que han derivado en denuncias de violencia policial y represión estatal.
Testigos consultados en el oeste del país reportaron que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) ha abierto fuego contra manifestantes y que se habrían visto “cientos de cadáveres” en zonas de conflicto urbano, aunque la verificación independiente de víctimas sigue siendo difícil debido a cortes de internet y comunicación impuestos por el gobierno.
Disturbios y enfrentamientos se han registrado en ciudades como Karaj, donde un edificio gubernamental fue incendiado, y las autoridades han desplegado refuerzos de seguridad bajo la consigna de que “salvaguardar la seguridad” es una “línea roja”.
Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 50 fallecidos entre manifestantes —incluidos menores— y miles de detenciones desde el inicio de las protestas, que surgieron inicialmente por el deterioro económico, la inflación y la depreciación de la moneda nacional, pero rápidamente adquirieron demandas políticas más amplias.
La Unión Europea y otros gobiernos extranjeros han expresado respaldo a los manifestantes y han condenado la respuesta violenta de las autoridades iraníes, exigiendo el respeto a los derechos fundamentales y la liberación de los detenidos.
El régimen, por su parte, atribuye los desórdenes a “saboteadores” y acusa a potencias extranjeras de incitar los disturbios, manteniendo al mismo tiempo un apagón de internet que dificulta la cobertura independiente y la verificación de cifras reales de víctimas.
Las protestas representan uno de los mayores desafíos sociales y políticos para las autoridades iraníes en años recientes, con repercusiones que podrían influir en el panorama político interno y la presión internacional sobre Teherán.
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