El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) propuso reformar el artículo 18 de la Ley General de Víctimas para establecer que las entidades federativas impulsen la creación de centros comunitarios de prevención y atención integral a la violencia, con servicios psicológicos, médicos, sociales, asesoría legal y programas dirigidos a víctimas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, plantea modificar la fracción VIII del Capítulo III “De las Entidades Federativas” para que estos centros integren acciones de prevención, atención a víctimas y coordinación interinstitucional, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos.
En la exposición de motivos, el legislador advierte que, pese a los avances normativos, persiste una brecha entre lo que establece la ley y la atención real que reciben las personas afectadas, agravada por la falta de espacios accesibles y multidisciplinarios en muchas comunidades.
Sánchez Rodríguez subraya que la insuficiencia de servicios psicológicos, médicos, sociales y jurídicos perpetúa ciclos de violencia y mantiene a las víctimas en vulnerabilidad prolongada, por lo que propone centros de proximidad social con acompañamiento profesional y programas de prevención focalizados.
La propuesta se sustenta en los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, y busca fortalecer el tejido social, ampliar la capacidad institucional y cerrar brechas territoriales para promover comunidades más seguras y resilientes.
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