La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la extradición de 37 operadores de organizaciones criminales a Estados Unidos fue una decisión soberana del Estado mexicano, adoptada tras un análisis de conveniencia para el país en materia de seguridad nacional y seguridad pública.
Durante la conferencia matutina de este 21 de enero, la mandataria explicó que la determinación se tomó en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, luego de evaluar los riesgos que representaban estas personas para la estabilidad y la paz interna del país. Precisó que el procedimiento se realizó a solicitud del Departamento de Justicia, pero bajo criterios definidos por el propio gobierno mexicano.
Sheinbaum enfatizó que se trató de una decisión sustentada en la política de seguridad nacional y no de una imposición externa. Señaló que cada caso fue analizado de manera individual y que muchos de los trasladados ya se encontraban sujetos a procesos de extradición. “Es una decisión soberana y se analiza a partir de las consideraciones de la política de seguridad; es una decisión que tiene que ver con un análisis de México”, afirmó.
El lunes por la mañana, el Gabinete de Seguridad concretó el traslado de los 37 criminales, quienes, de acuerdo con autoridades federales, representaban una amenaza real para la seguridad del país. La operación se llevó a cabo conforme a la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral, con el compromiso expreso de que no se solicitaría la pena de muerte.
Las personas extraditadas fueron enviadas a distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo se desarrolló con pleno respeto a la soberanía nacional y en coordinación con autoridades estadounidenses.
Con este traslado, el gobierno federal acumula 92 criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos durante la actual administración, como parte de la estrategia de cooperación internacional para el combate al crimen organizado.
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