En medio de una operación migratoria federal, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron esta semana a varios menores de edad junto con sus familiares en el suburbio de Columbia Heights, encendiendo una fuerte polémica sobre las tácticas de aplicación de la ley en zonas escolares.
Entre los detenidos se encuentra un niño de cinco años, identificado como Liam Conejo Ramos, y una niña de 10 años, además de dos adolescentes de 17 años, todos estudiantes del distrito de Columbia Heights Public Schools, informaron autoridades escolares. Los menores fueron arrestados durante redadas en las que también fueron detenidos sus padres o acompañantes legales y posteriormente trasladados a un centro de detención en Texas.
La superintendente del distrito escolar, Zena Stenvik, denunció que agentes federales actuaron incluso en inmediaciones de escuelas y zonas de transporte estudiantil, y acusó a ICE de utilizar al niño de cinco años como “cebo” para asegurar la entrada a una vivienda, una táctica que ha sido calificada de “incomprensible” por representantes educativos.
Ante las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió que las operaciones estaban dirigidas a los adultos y que el menor no fue objetivo de la detención, argumentando que agentes permanecieron con el niño por motivos de seguridad tras la fuga del padre durante el operativo. DHS afirmó que, de acuerdo con sus políticas, si un menor está presente, puede quedar con un adulto designado por los padres o acompañar a su progenitor detenido.
El incidente ha profundizado la preocupación en la comunidad escolar, donde directivos y padres han señalado el impacto emocional de las redadas en la percepción de seguridad de los estudiantes. La controversia se produce dentro de un contexto de aumento de operativos migratorios federales en Minneapolis y sus suburbios, que han generado protestas y debates sobre la aplicación de la ley migratoria en proximidad de escuelas y zonas residenciales.
Las autoridades educativas han exigido mayor claridad y garantías para evitar que menores sean directamente afectados por acciones de cumplimiento migratorio en entornos escolares, mientras grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes anuncian posibles acciones legales.
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