La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que los nueve ministros y ministras decidieron no hacer uso de las nuevas camionetas blindadas que recientemente adquirió el máximo tribunal, tras una fuerte reacción pública y cuestionamientos por el gasto asociado a la compra.
En un comunicado oficial, la Corte precisó que los togados solicitarán que se inicie el procedimiento para devolver las camionetas —cuyo costo total ascendió a 25 millones 650 mil pesos según la autorización de la Unidad de Administración— o, en su caso, que sean destinadas a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre conforme a la normatividad aplicable.
La decisión se da después de días de polémica tras la aprobación de la compra de nueve vehículos blindados tipo Jeep Grand Cherokee, que la SCJN defendió originalmente por criterios de seguridad institucional y la necesidad de renovar unidades cuyos antecesores ya “no cumplían con estándares de seguridad”.
El mensaje también subraya el compromiso del tribunal con el “uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo” y anunció que el 26 de enero se ofrecerá una conferencia de prensa para detallar la medida y explicar el destino específico de las camionetas.
La compra de las camionetas había generado críticas públicas y políticas, incluso con pronunciamientos de autoridades como la presidenta de la República, que solicitó a la Corte transparentar con mayor detalle el proceso y los criterios de seguridad que motivaron la adquisición.
Originalmente, la Corte había defendido la adquisición bajo la normatividad interna que obliga a renovar el parque vehicular asignado a ministros cada ciertos años para garantizar condiciones adecuadas de protección, dado el nivel de responsabilidad institucional que desempeñan estas y estos juzgadores.
La rectificación de la SCJN representa un giro frente al debate público sobre austeridad y uso de recursos públicos en el Poder Judicial, a pocos meses de que la nueva integración del máximo tribunal entrara en funciones tras el proceso de elección judicial de 2025.
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