El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, dio la cara este lunes tras la controversia generada por la compra de nueve camionetas blindadas, cada una valuada en alrededor de 2.4 millones de pesos, a pesar del discurso de austeridad que ha marcado su gestión.
En conferencia de prensa, Aguilar explicó que la adquisición respondió a la necesidad de sustituir un parque vehicular “deteriorado” que en varias ocasiones los ha dejado varados en carreteras durante comisiones fuera de la Ciudad de México, y no a un capricho de lujo o seguridad personal.
Aguilar reafirmó que los ministros tomarán una postura de austeridad y detalló que los vehículos no serán utilizados mientras se revisa su destino, incluyendo la posibilidad de devolverlos o asignarlos a jueces que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones. Señaló que “seguridad no implica lujo” y que la Corte cumplirá con sus funciones sin comprometer la operación institucional.
El anuncio ocurre en medio de críticas en redes sociales y de la opinión pública, que han cuestionado la coherencia entre la compra y las promesas de contención del gasto. Aguilar incluso afirmó estar dispuesto a viajar en transporte público si así se requiere, en señal de su compromiso con la austeridad.
La SCJN aseguró que la decisión de renovar su flotilla fue tomada después de consultar a áreas internas y autoridades de seguridad, pero ante el debate público optó por no hacer uso de las nuevas unidades mientras se define su destino administrativo.
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