El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitar su intervención y la revisión de su expediente judicial, al considerar que el procedimiento en su contra está “viciado” y ha vulnerado su derecho a la defensa, de acuerdo con reportes periodísticos.
La misiva fue escrita desde el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, donde el marino permanece recluido desde su detención, ocurrida el 2 de septiembre de 2025, como parte de una investigación federal por huachicol fiscal que involucra contrabando de combustible y evasión de impuestos en puertos del Golfo de México.
“Se me quiere fabricar como culpable… iniciando una investigación por un video de YouTube que no existe y, a partir de ahí, forzando datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones”, señala Farías en la carta difundida por medios nacionales.
El vicealmirante asegura que las autoridades le han negado de manera reiterada el acceso íntegro a la carpeta de investigación, lo que —afirma— le ha impedido preparar una defensa adecuada. En el documento sostiene que el proceso tiene un sesgo político y que “pareciera más un ánimo de venganza que de justicia”.
Farías Laguna también cuestiona la actuación de la Secretaría de Marina, al acusar que fue dado de baja antes de que concluyera el procedimiento penal, decisión que considera irregular y lesiva para sus derechos laborales y su trayectoria dentro de la Armada.
“Solicito que se revise mi caso con imparcialidad y apego a derecho, y que no se fabriquen culpables”, pide el militar en el escrito dirigido a la presidenta.
La causa penal contra Farías se inscribe en una investigación de mayor alcance por huachicol fiscal que se detonó tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque cargado con millones de litros de diésel introducidos al país bajo declaraciones falsas. El caso abrió líneas de indagatoria sobre posibles redes de corrupción en aduanas, empresas privadas y mandos de seguridad.
Además del vicealmirante, otros funcionarios y particulares han sido señalados o procesados por su presunta participación en estas operaciones de contrabando. En el mismo expediente, un familiar cercano de Farías también ha sido vinculado con la investigación, según reportes periodísticos.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha informado si responderá formalmente a la carta ni si atenderá la solicitud de intervención planteada por el vicealmirante. En tanto, la Fiscalía mantiene los cargos por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras la defensa del marino ha promovido recursos legales para impugnar tanto la conducción del proceso penal como su separación de la Armada.
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