El diputado Sergio Mayer Bretón inauguró el primer Foro de análisis y prospectiva del Sistema Penal Acusatorio a 10 años de su implementación, en la Cámara de Diputados, donde se abordaron desafíos presupuestales, de extradición y de fortalecimiento institucional.
Durante su intervención, sostuvo que “resulta indispensable que el Estado mexicano muestre fortaleza institucional… mediante la observancia del derecho nacional y el derecho internacional público”, y confió en que “los resultados (del foro) enriquecerán la agenda parlamentaria de todos los grupos parlamentarios”.
Mayer Bretón planteó revisar la figura de la extradición para garantizar la administración de justicia sin afectar la soberanía nacional, y subrayó que, en el caso de mexicanos bajo jurisdicción extranjera, “la asistencia consular y el seguimiento institucional constituyen un componente esencial de protección y de soberanía práctica”. Añadió que la eficiencia institucional “no se presume, se acredita mediante constancias verificables”.
El legislador destacó la relevancia de proteger bienes jurídicos como “la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio y el derecho psicosexual”, y enfatizó la importancia de escuchar a víctimas, jueces y magistrados para evaluar si el sistema “está funcionando”.
En el foro participaron el maestro Marco Antonio Avilés, con una conferencia magistral sobre los “Nuevos retos de la administración de justicia. Extinción de la figura de la extradición”, y el magistrado Moisés Molina Reyes, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca.
En declaraciones a medios, Mayer Bretón afirmó que las extradiciones a Estados Unidos “no se dan en un marco de subordinación”, sino de cooperación, y llamó desde el Legislativo a analizar tratados internacionales “para que se lleven a cabo estas extradiciones de manera correcta, sin que se violenten los derechos de las y los mexicanos”.
Por su parte, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) expresó su respaldo a “fortalecer las decisiones del Estado mexicano y al Ejecutivo”, al considerar que el Legislativo debe dar seguimiento y robustecer estos procesos “para fortalecer el Estado de derecho”.
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