El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, generó una fuerte controversia al respaldar la idea de una mayor participación de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en México. En declaraciones recientes, Moreno aseguró que la grave crisis de violencia y el poder de los cárteles superan las capacidades actuales del Estado mexicano y que, por ello, las autoridades deberían profundizar la coordinación con Washington para aprovechar su superioridad tecnológica y de inteligencia.
Durante una entrevista con un comunicador nacional, el líder del PRI sostuvo que permitir el apoyo operativo y de inteligencia estadounidense no constituye una violación a la soberanía, sino una respuesta pragmática frente a una “crisis de seguridad” que afecta a amplias regiones del país y al propio tejido social. Según Moreno, la colaboración internacional es indispensable para “destruir” a los grupos criminales que operan a lo largo del territorio mexicano.
La postura del dirigente tricolor se da en medio de un contexto de tensiones sobre seguridad bilateral, en el que altos funcionarios estadunidenses han enfatizado la necesidad de resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo. Las conversaciones diplomáticas recientes entre autoridades de ambos países han reforzado el intercambio de información y acciones prioritarias en materia de seguridad.
Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con rechazo por el gobierno federal y sectores de la sociedad, que ven en ella una amenaza a la soberanía nacional y recuerdan la importancia de soluciones internas. En paralelo, el intercambio de reos y casos de narcotraficantes excarcelados o trasladados a Estados Unidos ha profundizado la discusión sobre las estrategias más efectivas para enfrentar al crimen organizado sin comprometer el control territorial.
La posición de Moreno abre un debate político que promete continuar en el marco de la agenda de seguridad y las relaciones México-Estados Unidos, en un país donde la violencia ligada al narcotráfico sigue siendo uno de los principales desafíos públicos.
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