El gobierno federal realizará una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en infraestructura pública y mixta durante el periodo 2026-2030, como parte del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora.
Durante la presentación del plan, el funcionario explicó que el objetivo no es solo impulsar el crecimiento económico, sino traducirlo en desarrollo con bienestar. “Hay una diferencia importante entre crecimiento económico y desarrollo; no necesitamos solo crecer, necesitamos complementar el crecimiento con justicia y con distribución del ingreso”, afirmó.
Amador señaló que la estrategia se deriva de los 100 compromisos presidenciales y del Plan Nacional de Desarrollo, y tiene como eje central a la inversión pública, que —dijo— fue relegada durante décadas previas. “La inversión pública tiene una capacidad muy importante para multiplicar sus efectos en el resto de la economía, más allá de cada peso gastado”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó los proyectos de agua. “Una presa aumenta la superficie cultivable y la producción de alimentos; no funciona en sentido inverso”, dijo, al destacar el efecto multiplicador de este tipo de obras.
Del total de los recursos, 54% se destinará al sector energético; 16% a carreteras; 14% a puertos; 6% a salud; 6% a agua, y el resto a educación y otros rubros estratégicos. Para 2026, la inversión en infraestructura incluida en el presupuesto equivale a 2.5% del PIB, a lo que se sumará una inversión adicional de 1.9% del PIB, es decir, 722 mil millones de pesos.
El secretario de Hacienda indicó que la estrategia contempla más de 1,500 proyectos identificados por dependencias federales y será coordinada por un Consejo de Planeación Estratégica encabezado por la presidenta de la República. “Este consejo va a priorizar los proyectos y dará seguimiento puntual a su avance físico y financiero”, explicó.
En materia de financiamiento, detalló que se crearán nuevos vehículos y fondos especializados en infraestructura, con esquemas más eficientes y transparentes que las asociaciones público-privadas del pasado. “Estamos buscando esquemas con menores costos de financiamiento, alta transparencia y dedicación específica a los proyectos”, señaló.
Adelantó que en las próximas semanas se presentará una iniciativa de ley para armonizar el marco normativo, articular el consejo de planeación y los nuevos vehículos financieros, así como crear una base de datos pública que permita dar seguimiento a cada proyecto.
“Lo que vamos a lograr con esto es prosperidad compartida, crecimiento, bienestar, empleos bien remunerados y desarrollo regional”, concluyó Amador, al subrayar que el plan también fortalecerá la soberanía energética y la infraestructura estratégica del país.















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