La Cámara de Senadores abrió de manera discreta un salón de belleza en el segundo piso de su edificio legislativo, el cual había permanecido inactivo desde 2018. El espacio, equipado con sillones, espejos y lavabo para lavado de cabello, estaba destinado a que legisladores y legisladoras accedieran a servicios de maquillaje, peinado y estilismo durante días de sesión, con cobro directo a los usuarios y no con recursos públicos, según la presidenta de la Mesa Directiva, senadora Laura Itzel Castillo.
La existencia de este salón salió a la luz tras una investigación periodística que documentó su funcionamiento, lo que generó una ola de críticas en redes sociales y medios al considerarlo contrario al discurso de austeridad republicana promovido por el gobierno. Castillo defendió el espacio argumentando que también existe uno similar en la Cámara de Diputados y que su uso era un apoyo para que los legisladores estén presentables en las sesiones.
Sin embargo, minutos después de sus declaraciones, personal de resguardo del Senado colocó sellos de clausura en la puerta del local sin ofrecer una explicación oficial sobre la decisión. El episodio avivó el debate sobre privilegios dentro del Poder Legislativo y el uso de instalaciones oficiales, en un contexto de exigencia de transparencia y disciplina presupuestaria
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