El diputado César Israel Damián Retes presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el propósito de tipificar de manera específica el fraude por la venta de boletos falsos para eventos masivos, una práctica que, afirmó, ha crecido de forma sostenida en los últimos años.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal para sancionar a quien, con conocimiento de su falsedad, ofrezca, distribuya o comercialice boletos para eventos masivos sin la autorización del organizador o sin la validación de la empresa de boletaje correspondiente. Este delito se castigaría con penas de prisión de tres a siete años y multas que van de 500 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto establece agravantes cuando el fraude se cometa mediante plataformas digitales o medios electrónicos, en cuyo caso la pena podría incrementarse hasta en una mitad. Asimismo, cuando se trate de falsificación masiva de boletos, las sanciones aumentarían en dos terceras partes, al considerar el impacto colectivo y el posible daño a la seguridad pública.
De manera adicional, la iniciativa modifica la fracción I del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para incluir el fraude por venta de boletos falsos dentro del catálogo de delitos considerados como delincuencia organizada, cuando sea cometido de forma sistemática o por redes delictivas.
En la exposición de motivos, el legislador señala que la venta de boletos apócrifos dejó de ser un hecho aislado y se ha convertido en una problemática recurrente y cada vez más sofisticada, impulsada principalmente por el uso de redes sociales, plataformas digitales falsas y esquemas de engaño que afectan a miles de personas cada año.
Refiere que, aunque el Código Penal Federal contempla el delito de fraude de manera general, no existe una tipificación específica que atienda la complejidad del fraude en la venta de boletos falsos, ni que considere agravantes como el uso de medios electrónicos, la afectación colectiva o la posible participación de organizaciones criminales.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor, entre 2020 y 2023 se registraron más de 10 mil denuncias relacionadas con la compra de boletos falsos para conciertos, eventos deportivos y espectáculos culturales, lo que refleja un incremento sostenido del delito y un impacto directo en el patrimonio de las personas consumidoras.
El diputado advierte que las consecuencias no son únicamente económicas, ya que la circulación de boletos falsos puede generar sobrecupo en eventos masivos, poniendo en riesgo la integridad física de los asistentes y complicando las labores de seguridad y protección civil.
Damián Retes sostiene que su propuesta busca proteger los derechos de las y los consumidores, garantizar la integridad del sector del entretenimiento, fortalecer el Estado de derecho y responder a una exigencia ciudadana frente al crecimiento del fraude digital en el país.
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