Un reporte del New York Times y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación revela que municiones calibre .50, fabricadas en la Planta de Municiones del Ejército de Lake City —clave en la producción bélica estadounidense— han sido rastreadas en escenas de violencia vinculadas a cárteles en México, exponiendo fallas en el control de su distribución y venta.
Documentos judiciales, registros de incautaciones y datos gubernamentales analizados por The New York Times señalan que cartuchos calibre .50, diseñados para uso militar en neutralizar vehículos y aeronaves ligeras, producidos en la Planta de Municiones del Ejército de Lake City (LCAAP), han sido identificados en operativos y escenas delictivas de cárteles mexicanos.
La instalación, operada bajo contrato por Olin Winchester y otros gigantes de la industria de defensa para el Departamento de Guerra, es descrita por el medio como “el nexo industrial más crítico” en la cadena de suministro de municiones estadounidenses. Aunque estas municiones también se venden legalmente al mercado civil, pistas balísticas y datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que aproximadamente un tercio de los cartuchos calibre .50 incautados en zonas fronterizas provienen de productos de Lake City.
Los reportes describen escenas de violencia donde se observan casquillos marcados con las iniciales “L.C.” tras ataques atribuidos a grupos criminales, incluidos derribos de helicópteros, asesinatos de funcionarios y agresiones a fuerzas de seguridad en México.
La investigación indica que acuerdos entre el Ejército estadounidense y contratistas han permitido que munición fabricada en Lake City ingrese al mercado minorista y, eventualmente, al tráfico ilícito. El propio Pentágono reconoció que la venta comercial de materiales de la planta ha generado ahorros a los contribuyentes, aunque no detalló mecanismos de control para evitar su desvío hacia grupos armados.
Autoridades y analistas consultados por NYT señalan que estos hallazgos plantean preguntas sobre la eficacia de las regulaciones y la supervisión en la producción y comercialización de municiones militares que terminan en manos de organizaciones criminales, en momentos en que la violencia asociada al narcotráfico sigue siendo uno de los retos más graves en México.
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