El Senado de la República aprobó este 11 de febrero en lo general y en lo particular la reforma al artículo 123 Constitucional que establece una jornada laboral máxima de 40 horas semanales, lo que representa un cambio histórico al régimen laboral vigente desde hace más de un siglo.
La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal y respaldada por el bloque de Morena y sus aliados, obtuvo 121 votos a favor en lo general y 103 en lo particular, con 15 votos en contra, y ahora será turno de la Cámara de Diputados para continuar su análisis y eventual aprobación.
La reforma ordena una reducción gradual de la jornada: en 2027 será de 46 horas; en 2028, 44; en 2029, 42; y en 2030 alcanzará las 40 horas semanales. El dictamen garantiza que la disminución no implique reducción de salario ni de prestaciones y mantiene el derecho a al menos un día de descanso por cada seis días laborados.
Además, el Senado acordó reglas para el pago de horas extraordinarias, con un límite de hasta 12 por semana con remuneración adicional del 100 %, y prohibió el trabajo extraordinario para menores de edad.
Sin embargo, la reforma no consagra en la Constitución la obligatoriedad de dos días de descanso por semana ni establece con precisión límites estrictos a las horas extra en todos los casos, lo que generó críticas de senadores de oposición y organizaciones laborales que consideran que esas omisiones pueden diluir el impacto real de la medida en la calidad de vida de los trabajadores.
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano calificaron la medida de “justicia a medias” y señalaron que la gradualidad hasta 2030 podría responder más a acuerdos con el sector empresarial que a las necesidades inmediatas de la fuerza laboral. Algunos advirtieron también sobre posibles efectos en la aplicación de primas y descansos sabatinos.
Por su parte, legisladores del oficialismo defendieron que esta reforma coloca a México más cerca de los estándares internacionales, responde a demandas históricas de los trabajadores y permitirá mejorar su equilibrio entre vida personal y profesional, sin afectar la competitividad empresarial.
El dictamen enviado a San Lázaro será debatido en comisiones y luego en el pleno de la Cámara de Diputados, antes de pasar a los congresos estatales para su eventual ratificación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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