En víspera de la revisión y eventual aprobación de la reforma electoral que enviará el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, el diputado Jaime López Vela (Morena), presidente de la Comisión de Diversidad, urgió a impulsar y ampliar una participación política “más segura, efectiva y representativa” de las poblaciones LGBTTTIQ+ en los espacios de toma de decisión.
Al inaugurar el foro Intercambio regional México-Brasil. Fortalecimiento de la participación política LGBTTTIQ+, el legislador subrayó la necesidad de atender la usurpación de espacios derivados de acciones afirmativas, problemática que —dijo— se ha registrado en diversas ocasiones.
“La principal batalla es hacer que las acciones afirmativas se reconozcan, se garanticen, pero sobre todo instrumentando mecanismos que eviten que sean usurpadas como lo han sido hasta hoy en día”, enfatizó.
El foro busca fortalecer la democracia inclusiva en América Latina mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como consolidar alianzas entre actores legislativos y sociedad civil.
López Vela delineó la agenda de la Comisión de Diversidad, que incluye el reconocimiento constitucional de la igualdad y la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales; la derogación del delito de peligro de contagio por VIH; y el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para atender a las poblaciones trans, señaladas como las más afectadas por discriminación y violencia.
También planteó la expedición de una ley general que incorpore a todas las poblaciones de la diversidad sexual, así como una reforma para aplicar sanciones por actos de discriminación a personas y empresas. Añadió que buscarán que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple un anexo específico para diversidad sexual.
El legislador explicó que estos objetivos se articulan en la Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual, impulsada desde el Ejecutivo y vinculada con los poderes Legislativo y Judicial, los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos como la CNDH, el INE y la Fiscalía General de la República, además de la sociedad civil.
“Lo que buscamos es crear una política de Estado de atención a la diversidad sexual”, afirmó, en el contexto del segundo mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, el ministro consejero Rodrigo Godinho, encargado de Negocios de Brasil en México, expuso la experiencia brasileña en la promoción y protección de los derechos LGBTTTIQ+. Destacó que en enero de 2023 se creó la Secretaría Nacional de Políticas para la Población LGBTTTIQ+, adscrita al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
Asimismo, se fortaleció el Consejo Nacional de Políticas LGBTTTIQ+ para garantizar el diálogo con la sociedad civil. Las políticas se estructuran en dos ejes: la Estrategia Nacional de Trabajo Digno y Generación de Ingresos —que incluye el programa Empodera Plus— y la Estrategia Nacional de Enfrentamiento a la Violencia, que apoya refugios para personas en situación de vulnerabilidad.
“Nuestra actuación ha reflejado la convicción de que la universalidad de los derechos humanos no admite excepciones ni retrocesos”, sostuvo.
En el encuentro participaron también representantes de la organización brasileña Vote LGBT, quienes presentaron el modelo Sentinela, una herramienta basada en inteligencia artificial para monitorear y atender la violencia política contra liderazgos LGBTTTIQ+. El sistema permite denuncias anónimas o nominativas sobre agresiones, desde discursos de odio y desinformación hasta amenazas directas en entornos digitales y presenciales.
El modelo opera mediante un acuerdo con el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, genera reportes públicos y monitorea riesgos en tiempo real; se complementa con la iniciativa Cuida+, que ofrece acompañamiento psicológico profesional y confidencial a candidaturas y equipos de campaña.
El foro concluyó con la firma de un Memorándum de Entendimiento México–Brasil para formalizar la cooperación bilateral en la transferencia de buenas prácticas, herramientas tecnológicas y estrategias de protección democrática, con el objetivo común de garantizar una participación política plena y segura de la diversidad sexual como componente esencial del Estado de derecho y del respeto irrestricto a los derechos humanos.
Deja una respuesta