La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfrenta una crisis de liquidez que podría dejarla sin efectivo para operar en 2026 si no se regularizan pagos de cuotas obligatorias. La advertencia, hecha por el actual secretario general, llega en un momento políticamente sensible: la carrera para definir a quien encabezará la institución a partir del 1 de enero de 2027.
El problema no es la inexistencia de presupuesto aprobado, sino la falta de caja. La ONU depende de cuotas tasadas que los Estados miembros deben cubrir cada año para el presupuesto regular y para las operaciones de mantenimiento de la paz. Cuando los pagos se retrasan —o no llegan— la organización se ve forzada a recortes, congelamiento de contrataciones y reprogramación de actividades.
Quién paga y quién debe
En el presupuesto regular, Estados Unidos aporta 22% de la escala obligatoria; le siguen China y Japón. En mantenimiento de la paz, Washington cubre 26.95%, China 18.69%, Japón 8.03%, Alemania 6.11%, Reino Unido 5.36% y Francia 5.29%, entre los principales contribuyentes.
La concentración es evidente: un puñado de economías sostiene financieramente el sistema. Cuando uno de esos actores retrasa pagos, el impacto es inmediato. En 2026, Estados Unidos concentra la mayor parte de los atrasos, lo que ha reavivado en Washington el discurso de condicionar desembolsos a reformas administrativas y recortes.
La dependencia de grandes contribuyentes también abre una tensión estructural: quienes más pagan exigen eficiencia y control; la mayoría de Estados —que aportan menos— defienden mandatos, oficinas y programas que consideran estratégicos.
Una maquinaria costosa y fragmentada
La ONU no es una sola entidad, sino un entramado de secretarías, fondos, programas y agencias especializadas. Esa arquitectura, diseñada a lo largo de décadas, alimenta críticas recurrentes sobre duplicidades y burocracia. El propio liderazgo ha impulsado iniciativas de austeridad y racionalización, con propuestas de reducción presupuestaria y revisión de puestos.
Sin embargo, la reforma administrativa choca con intereses políticos. Cada oficina tiene respaldo estatal; cada misión responde a equilibrios regionales. El resultado es una organización que crece en mandatos —desde clima hasta seguridad alimentaria— mientras su financiamiento se vuelve más incierto.
La paradoja es que la ONU enfrenta demandas crecientes por conflictos armados, crisis humanitarias y rivalidades geopolíticas, pero con un flujo de recursos menos predecible.
La sucesión bajo presión
El proceso para elegir al próximo secretario general ya está en marcha. Conforme al procedimiento, el Consejo de Seguridad recomienda a un candidato y la Asamblea General formaliza el nombramiento. En la práctica, cualquier aspirante debe evitar el veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
Entre los nombres formalmente nominados figuran Michelle Bachelet (Chile) y Rafael Mariano Grossi (Argentina). En meses previos también se mencionó a Rebeca Grynspan (Costa Rica) como posible contendiente.
La crisis financiera se convierte así en eje de campaña. La persona que aspire al cargo deberá prometer eficiencia y disciplina presupuestaria, pero también mantener la legitimidad ante el bloque mayoritario de la Asamblea General. Demasiada cercanía con los grandes donantes puede restar apoyo político; demasiada retórica reformista puede activar vetos.
Un multilateralismo condicionado
La amenaza de “quiebra” no implica insolvencia formal, sino un riesgo real de paralización operativa. Más que un accidente contable, la crisis revela una fragilidad política: la ONU depende de la voluntad de pago de sus Estados y del equilibrio de poder entre ellos.
En vísperas de la sucesión, la pregunta no es sólo quién dirigirá la organización, sino si tendrá margen para reformarla. La caja, en la ONU, es también una herramienta de poder.
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