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Plantean diputados prohibir cobro por impresión de estados de cuenta bancarios

La iniciativa busca impedir que los bancos cobren por la emisión física o electrónica del documento y declara nulas las cláusulas que establezcan dichas comisiones.

El diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena) propuso adicionar el artículo 48 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, con el fin de prohibir a las instituciones bancarias cobrar por la emisión o impresión de estados de cuenta solicitados por sus clientes.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, establece que los bancos no podrán efectuar cobro alguno por este concepto, sin importar el número de veces que el usuario requiera el documento. La entrega deberá realizarse de forma gratuita, clara y accesible, ya sea en sucursal o a través de medios electrónicos.

Además, plantea que cualquier cláusula contractual que contemple comisiones o cargos por la emisión o impresión de estados de cuenta será nula de pleno derecho.

En la exposición de motivos, el legislador argumenta que el cobro por impresión se ha convertido en una práctica generalizada que representa un gasto injustificado para los usuarios y un ingreso adicional para las instituciones financieras. Señala que esta situación afecta especialmente a quienes requieren los documentos para realizar trámites oficiales.

Domínguez Rodríguez sostiene que los costos reales de emisión son mínimos y ya están considerados dentro de los gastos operativos de los bancos, por lo que el cobro configura una doble comisión contraria a los principios de proporcionalidad y transparencia previstos en la legislación financiera.

El diputado también advierte una afectación directa a sectores vulnerables, como personas adultas mayores y usuarios sin acceso regular a internet, para quienes el estado de cuenta impreso es una necesidad ante la exigencia de documentación física en diversos trámites públicos y privados.

Finalmente, señala que la propuesta busca armonizar la normativa nacional con prácticas internacionales, fortalecer la transparencia y proteger a los usuarios frente a comisiones que considera injustificadas, además de reforzar la relación entre la ciudadanía y el sistema financiero.

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