El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, llamó a realizar una revisión amplia de la iniciativa del Ejecutivo Federal para establecer la figura de “personas juzgadoras de identidad reservada”, al considerar que se trata de una reforma parcial que requiere un análisis integral del sistema penal acusatorio.
Durante la segunda mesa de análisis sobre la propuesta de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el legislador cuestionó si la nueva figura debe incorporarse en el Código Nacional o limitarse a la legislación en materia de delincuencia organizada.
“¿Por qué no pensamos en una reforma mayor (…) e incluso determinar si realmente es en el Código Nacional de Procedimientos Penales donde debería ir una figura como esta o sólo es materia de la Ley Federal de Delincuencia Organizada?”, planteó.
Corral sostuvo que la iniciativa representa “una reforma muy parcial” orientada a homologar el lenguaje con la reciente reforma constitucional, por lo que adelantó que se continuará la discusión hacia una modificación más amplia del proceso penal acusatorio.
Subrayó que el principal reto es armonizar la figura de jueces con identidad reservada con los estándares internacionales de derechos humanos. En caso de legislarse, dijo, deberán establecerse controles estrictos, una motivación reforzada para su aplicación y revisiones periódicas.
También consideró indispensable precisar en qué etapa procesal existe mayor riesgo para el juzgador en casos de delincuencia organizada, así como definir si la activación de la medida correspondería exclusivamente a los jueces y no al Ministerio Público.
En la misma línea, la senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, afirmó que el proyecto, tal como está planteado, no funcionará y se pronunció por una reforma integral con la participación de expertos.
Especialistas invitados coincidieron en que la figura del “juez sin rostro” podría contravenir la Convención Americana sobre Derechos Humanos y generar observaciones o amonestaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió en Perú y Colombia, países que implementaron ese esquema.
Jorge Nader Kuri, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), propuso analizar la posibilidad de extender el anonimato a otros operadores jurídicos, como jueces de amparo, magistrados e incluso al Ministerio Público, para proteger su integridad y garantizar decisiones libres de presiones.
Por su parte, la penalista Mariana Cruz Castro advirtió que la medida podría vulnerar derechos humanos y derivar en la nulidad de procesos, por lo que planteó fortalecer previamente las medidas de seguridad para los juzgadores antes de recurrir al anonimato.
Rafael Beltrán Ramos, fundador de la firma Beltrán Abogados, sugirió revisar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para precisar qué delitos ameritarían la identidad reservada y establecer que la solicitud provenga del propio juzgador, no del Ministerio Público.
En tanto, el investigador del Inacipe Alberto Enrique Nava Garcés alertó que el endurecimiento de las reglas puede volverlas menos eficaces y abrir la puerta a expansiones peligrosas, como “fiscales sin rostro” o “ministros sin rostro”.
Finalmente, Miguel Ángel de la Fuente Ponce, académico del Centro de Posgrados de Puebla, pidió revisar el artículo 22 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, al señalar que varias de sus fracciones vulneran la presunción de inocencia y presentan imprecisiones que podrían generar interpretaciones amplias.
La discusión continuará en comisiones, con el reto de equilibrar la protección de juzgadores frente a la delincuencia organizada y el respeto a las garantías procesales y compromisos internacionales del Estado mexicano.
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