El diputado del PT, Santiago González Soto, presentó una iniciativa de reformas y adiciones al artículo 73 de la Constitución Política, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que regulen el uso de la inteligencia artificial (IA) y todo tipo de dispositivos tecnológicos relacionados.
La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, busca establecer requisitos, límites, funcionamiento, principios y bases para el desarrollo y aplicación de la IA en el país, así como emitir las legislaciones necesarias para hacer efectivas estas atribuciones y las demás conferidas por la Carta Magna a los Poderes de la Unión.
En la exposición de motivos, el legislador subraya que la iniciativa aborda los fundamentos de la inteligencia artificial, sus aplicaciones, beneficios y desafíos, con el fin de ofrecer una visión integral sobre su papel en el futuro y otorgar al Congreso la facultad expresa para emitir una Ley Federal en la materia.
González Soto señala que la IA se ha consolidado como tecnología estratégica a nivel mundial por su capacidad de transformar sectores clave como la economía, la seguridad, la salud, la educación y la gobernanza. Su desarrollo, afirma, genera ventajas competitivas en innovación y productividad, además de incidir en la soberanía tecnológica y en la competencia geopolítica entre naciones.
Sostiene que la inteligencia artificial no es solo una herramienta de automatización, sino un recurso estratégico que influye en la toma de decisiones, en el diseño de políticas públicas y en la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
En el ámbito laboral, advierte que la IA está reconfigurando el mercado de trabajo y los modelos de formación profesional al automatizar tareas rutinarias y demandar nuevas competencias especializadas. Sin embargo, precisa que esta transformación no implica únicamente la sustitución de empleos, sino la creación de oportunidades en áreas emergentes como análisis de datos, programación, ciberseguridad y gestión ética de la tecnología.
El legislador enfatiza que la inteligencia artificial puede abrir empleos bien remunerados, aunque existe escasez de especialistas, por lo que una ley en la materia podría incentivar programas de formación, fomentar la inclusión de mujeres y grupos subrepresentados, así como establecer incentivos fiscales para la capacitación de talento.
A su juicio, la IA representa una oportunidad histórica para México, dada su adopción acelerada en la industria y la vida cotidiana, el crecimiento del ecosistema empresarial y su potencial para incrementar el Producto Interno Bruto, lo que justifica una atención prioritaria del Estado.
No obstante, reconoce que la ausencia de una estrategia nacional, la dispersión de políticas públicas y el aumento de riesgos de discriminación y vulneración de derechos evidencian la urgencia de contar con un marco jurídico integral.
Por ello, concluye que facultar al Congreso para expedir una ley general en materia de inteligencia artificial permitiría alinear al país con las mejores prácticas internacionales, promover el desarrollo científico y tecnológico, reducir brechas de talento, proteger los derechos humanos y generar confianza para que esta herramienta contribuya a una prosperidad incluyente y sostenible.
Deja una respuesta