La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que mientras existan violencias “visibles, perniciosas y de alto impacto” se debe continuar denunciando, generando conciencia e impulsando cambios legales que cierren las brechas aún abiertas.
Al inaugurar el “Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas”, sostuvo que enfrentar este fenómeno exige leyes eficaces, presupuestos suficientes, políticas públicas sostenidas y datos confiables que permitan dimensionar el problema. Subrayó que la violencia de género debe mantenerse como prioridad en la agenda legislativa, presupuestal y de política pública.
Advirtió que la violencia no es un hecho aislado, sino resultado de desigualdades que se construyen desde la infancia a partir de patrones culturales y sociales. Por ello, planteó trabajar tanto con niñas y mujeres como con hombres y niños para prevenir y romper el ciclo de discriminación.
La legisladora destacó avances como la reforma de paridad en todos los poderes y órdenes de gobierno, promovida en 2018, que hoy se refleja en una mayor presencia de mujeres en el Congreso y en gubernaturas. Sin embargo, reconoció que, pese a marcos jurídicos más robustos, en calles y hogares muchas mujeres siguen en riesgo.
En ese contexto, calificó el encuentro como una oportunidad estratégica para escuchar a especialistas y traducir evidencia en instrumentos parlamentarios más eficaces. Aseguró que la Cámara asume su papel como actor activo en la agenda internacional de derechos humanos y llamó a convertir el conocimiento en reformas concretas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena), afirmó que recientes reformas constitucionales refuerzan la igualdad sustantiva y la vida libre de violencia como obligaciones del Estado. Recordó que México cuenta con leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
No obstante, presentó cifras alarmantes: en 2025 se registraron 786 presuntos feminicidios y más de 2,300 homicidios dolosos de mujeres; los delitos sexuales superaron las 71 mil carpetas de investigación y 64 por ciento de las víctimas de violación son menores de edad. Alertó que la violencia se agrava en contextos de pobreza, ruralidad, discapacidad u origen indígena.
En conferencia magistral, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, señaló que en México persiste un aumento de violencia perpetrada por actores estatales y no estatales, así como desapariciones y deficiencias en investigación y reparación del daño. Atribuyó parte del problema a la impunidad y a la falta de acceso efectivo a la justicia.
Aunque reconoció que el país ha aceptado recomendaciones internacionales para armonizar marcos jurídicos y fortalecer fiscalías, advirtió que la violencia continúa en niveles “epidémicos y alarmantes”. A nivel global, indicó que en 2024 cerca de 30 mil mujeres fueron asesinadas intencionalmente, la mayoría a manos de parejas o familiares.
Alsalem sostuvo que la impunidad, los sesgos de género, la revictimización y la falta de recursos institucionales obstaculizan la reducción de la violencia. Añadió que la desigualdad estructural, el crimen organizado, la austeridad y discursos misóginos —también en entornos digitales— agravan el fenómeno.
En materia de prostitución y pornografía, propuso replicar el modelo nórdico, que penaliza la compra y brinda apoyo integral a las mujeres en situación de explotación.
A su vez, Patricia Olamendi Torres advirtió que México figura entre los países con mayores índices de pornografía y prostitución infantil, particularmente en zonas turísticas vinculadas al crimen organizado. Señaló que los casos de trata se han duplicado en el último año y cuestionó los intentos de legalizar la prostitución, al considerarla una forma de explotación.
Las participantes coincidieron en que la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas es una obligación ética, jurídica y política que requiere coherencia, recursos y voluntad sostenida del Estado.
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