Con el objetivo de atender una problemática que persiste en el país, el grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado presentó una iniciativa para garantizar el acompañamiento integral de niñas y adolescentes durante el embarazo, parto y puerperio.
La propuesta contempla atención médica oportuna, protección jurídica, apoyo psicosocial y el pleno ejercicio de sus derechos, desde el primer contacto con las instituciones públicas.
Las y los legisladores señalaron que el embarazo adolescente es un fenómeno global que requiere soluciones estructurales y de largo plazo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 se registraron alrededor de 21 millones de embarazos entre adolescentes de 15 a 19 años en países de ingreso mediano. En América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que 1.6 millones de adolescentes dan a luz cada año.
En el ámbito nacional, citaron datos de la UNAM que indican que las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 14.6 y 15.5 años. Además, según el INEGI, en 2021 se contabilizaron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 19 años, así como 3 mil 19 nacimientos en niñas menores de 15 años.
Para el Partido Verde, estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer políticas públicas con enfoque preventivo y de derechos, que garanticen acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, así como la atención de factores estructurales que inciden en los embarazos a edades tempranas.
Advirtieron que el embarazo en niñas y adolescentes tiene consecuencias sociales y económicas graves, al profundizar ciclos de pobreza y limitar oportunidades educativas y laborales, en comparación con mujeres que fueron madres en la adultez.
Asimismo, señalaron que los embarazos no deseados en este sector pueden derivar en el abandono de recién nacidos, debido a la falta de madurez emocional, recursos económicos, redes de apoyo y orientación adecuada para asumir la crianza.
Los senadores también destacaron que la violencia física, sexual y el abuso en el entorno familiar, así como la coacción ejercida por personas cercanas, inciden directamente en el embarazo infantil y adolescente. Por ello, sostuvieron que atender la salud sexual y reproductiva implica enfrentar de manera paralela la violencia, las barreras de acceso a servicios y la falta de información y consejería.
Finalmente, subrayaron que la iniciativa busca garantizar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para asegurar un acompañamiento integral y efectivo a niñas y adolescentes embarazadas.
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