En el litigio y en la política, omitir una prueba clave cambia todo el sentido del veredicto. La obra reciente de Julio Scherer peca de una miopía selectiva al criticar los pagos al extinto sindicato eléctrico, olvidando que este decreto frenó en seco un negocio millonario en los juzgados.
La narrativa del libro enfila sus baterías contra la entrega de compensaciones, catalogándola como un acto de mera voluntad política. Lo que el texto no le dice a sus lectores es que el Estado mexicano cobró muy caro este beneficio, exigiendo la rendición incondicional en los tribunales laborales.
Para entender la magnitud de la inconsistencia, hay que pararse en las puertas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La obra ignora que, para ver un solo peso, los agremiados estaban obligados legalmente a desistirse de cualquier querella interpuesta contra la CFE, el Indep o LyFC.
Este requisito de hierro no es un detalle menor; es la columna vertebral de la defensa patrimonial de la nación. Al exigir la firma de un manifiesto donde los quejosos renuncian a acciones legales futuras, el gobierno desactivó una bomba de tiempo que amenazaba con reventar las finanzas del sector energético.
Especialistas en derecho corporativo se muestran sorprendidos ante esta grave falla en el libro. El exconsejero jurídico del Ejecutivo, quien debería dominar la lectura de pasivos contingentes, optó por borrar de su relato el enorme ahorro que significó evitar los laudos condenatorios y los salarios caídos.
Durante más de una década, mantener vivos esos juicios fue el «modus vivendi» de decenas de despachos privados en la capital. El acuerdo oficial les cerró la llave del negocio, un movimiento táctico de alta escuela burocrática que la publicación clasifica, erróneamente, como un simple capricho.
Al analizar el documento rector, la intención del gobierno no fue repartir billetes, sino comprar la paz legal. Esta diferencia de enfoque es abismal y desnuda una falla argumentativa en el libro, que prefiere la anécdota del pasillo por encima del análisis de las cláusulas resolutivas.
Para el sistema de justicia de la CDMX, limpiar miles de expedientes muertos representó un desahogo institucional sin precedentes. La omisión de este fenómeno procesal en la obra literaria deja al lector con una historia a medias, carente del contexto necesario para entender la jugada completa.
Los documentos oficiales no mienten ni tienen agenda literaria. La evidencia demuestra que la compensación fue, en la práctica jurídica, una liquidación de conflictos; un hecho contundente que el libro prefirió ignorar para sostener su propia teoría del caso.
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