Por unanimidad de 415 votos, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 201 del Código Penal Federal para aumentar hasta en una mitad las penas por el delito de corrupción de menores cuando esté vinculado con actividades de la delincuencia organizada.
El dictamen, que fue enviado al Senado de la República para su análisis, establece que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con el crimen organizado se considerará una circunstancia agravante de dicho delito.
Durante la discusión, el pleno avaló una reserva suscrita por las y los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal Ávila (Morena), José Elías Lixa Abimerhi (PAN), Carlos Alberto Puente Salas (PVEM), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) e Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC).
La modificación señala que cuando los actos contemplados en los incisos d) y e) —relacionados con la comisión de delitos o la participación en asociaciones delictuosas— estén vinculados con conductas previstas en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez (Morena) afirmó que la reforma busca fortalecer el marco jurídico con enfoque de derechos humanos y enviar un mensaje claro de que quienes recluten menores para delinquir enfrentarán sanciones proporcionales al daño causado.
Sostuvo que el reclutamiento criminal de menores constituye “una forma moderna de esclavitud moral” que arrebata el futuro de la juventud mexicana, por lo que la reforma establece una agravante específica cuando la corrupción de menores esté ligada a delitos de la delincuencia organizada.
Desde la oposición, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) señaló que, aunque el dictamen fortalece las sanciones, resulta insuficiente frente a la evolución del fenómeno, ya que el crimen organizado ha trasladado sus mecanismos de reclutamiento al ámbito digital.
Advirtió que mientras los grupos criminales utilizan redes sociales y plataformas digitales para captar a menores, la legislación aún responde a un modelo “pensado para un México analógico”.
En tanto, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) subrayó que la reforma tiene como propósito salvaguardar a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento forzoso por parte de organizaciones criminales, fenómeno que —dijo— ha crecido en los últimos años.
A su vez, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) consideró que el cambio legal representa un avance, aunque no resuelve el problema de fondo, debido a que el reclutamiento forzado aún no está tipificado de manera autónoma en el Código Penal Federal.
En el mismo sentido, legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano coincidieron en que la reforma constituye un primer paso, pero advirtieron que será necesario ir más allá para reconocer plenamente el reclutamiento de menores como un delito específico.
Tras la votación, la Mesa Directiva levantó la sesión y citó a la próxima reunión del pleno para el martes 10 de marzo a las 11:00 horas.
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