La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció nuevas obligaciones para los Estados en materia de combate al tráfico ilícito de armas, tras responder a una consulta presentada por el gobierno de México sobre la responsabilidad de países y empresas armamentistas frente a este fenómeno y su impacto en los derechos humanos.
En su opinión consultiva, el tribunal interamericano subrayó que los países deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego, con el fin de evitar que estas se desvíen hacia el mercado ilegal.
El documento también establece que la lucha contra la criminalidad organizada debe ser una prioridad para los Estados, ya que el tráfico de armas alimenta la violencia armada y afecta el goce de los derechos humanos en la región.
Entre las medidas planteadas se incluye garantizar el marcaje, registro y rastreo de armas, así como mantener información actualizada sobre su fabricación, transferencias, decomisos y localización. Estas acciones buscan impedir que las armas legales terminen en manos de grupos criminales.
Además, la Corte indicó que los gobiernos deben supervisar a fabricantes y distribuidores, crear sistemas de licencias para exportación e importación de armamento y establecer mecanismos judiciales efectivos para atender violaciones a derechos humanos vinculadas al uso de armas.
La opinión consultiva deriva de una solicitud presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en 2022, en el contexto de la estrategia jurídica del país contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, a las que acusa de facilitar el flujo ilegal de armamento hacia territorio mexicano.
Finalmente, la CIDH enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional entre países para frenar el tráfico ilícito de armas y reducir la violencia generada por el crimen organizado en el continente.
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