El Senado de la República aprobó este miércoles una reforma constitucional para reducir las pensiones de altos servidores públicos y establecer un límite a las llamadas “pensiones doradas” en diversas instituciones del Estado mexicano.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal, establece que las jubilaciones de exfuncionarios de alto nivel no podrán exceder aproximadamente los 70 mil pesos mensuales, equivalente a cerca de la mitad del salario que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por los legisladores, el objetivo es eliminar pensiones millonarias que actualmente reciben algunos exservidores públicos de organismos como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Banco de México, entre otros entes del sector público.
Con la nueva disposición, algunas de estas jubilaciones podrían reducirse hasta en 80%, particularmente en los casos de exfuncionarios de alto mando que percibían ingresos muy superiores al promedio de las pensiones en el país.
Durante la discusión en el Senado, legisladores de distintos partidos respaldaron la medida al considerar que busca terminar con privilegios en el servicio público; sin embargo, algunos grupos de oposición advirtieron que podrían surgir controversias jurídicas por la posible aplicación retroactiva de la reforma en pensiones ya otorgadas.
La reforma también pretende generar ahorros para el Estado, que de acuerdo con estimaciones legislativas podrían alcanzar alrededor de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que se destinarían a programas sociales y otras áreas prioritarias del gasto público.
El decreto deberá continuar su proceso legislativo en el Congreso y, en su caso, ser avalado por los congresos estatales antes de su promulgación y entrada en vigor.
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