La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de regular el uso de tecnologías que puedan alterar el ciclo natural de las lluvias y afectar las actividades agropecuarias.
La propuesta establece que, cuando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tenga conocimiento del uso, manejo o instalación —por tierra o por aire— de tecnologías que representen un riesgo para las actividades del campo, deberá dictar medidas de seguridad y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la legislación ambiental vigente.
Para ello, plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 39 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Además, la iniciativa propone modificar las fracciones XII y XIII y adicionar una fracción XIV al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de incluir dentro de los supuestos sujetos a evaluación de impacto ambiental a las actividades o tecnologías cuyo propósito sea alterar el ciclo hidrológico natural, particularmente en las fases de condensación y precipitación.
En la exposición de motivos, la legisladora advierte que en distintas regiones del país productores agrícolas han denunciado afectaciones en sus cosechas por el uso de tecnologías destinadas a modificar fenómenos meteorológicos.
“Productores agrícolas han denunciado afectaciones a sus cosechas derivadas del uso de tecnologías destinadas a modificar fenómenos meteorológicos, como cañones antigranizo u otros dispositivos que buscan dispersar nubes”, señala el documento.
La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que estas tecnologías, empleadas para evitar daños por granizo o estimular lluvias, pueden generar controversia cuando se aplican sin supervisión o sin estudios que evalúen su impacto en el entorno.
Asimismo, refiere que algunas entidades federativas ya han comenzado a regular estas prácticas. Entre ellas se encuentran Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca, donde se han establecido restricciones o sanciones para el uso de tecnologías que puedan alterar el ciclo natural de las precipitaciones.
La iniciativa también menciona que en algunas regiones del país se han puesto en marcha programas de estimulación de lluvias para enfrentar el estrés hídrico, realizados bajo coordinación de autoridades federales y estatales para favorecer la recarga de acuíferos y apoyar al sector agropecuario.
Ante este panorama, la propuesta subraya la necesidad de establecer una regulación federal que permita evaluar y supervisar el uso de estas tecnologías.
“Es necesario contar con una regulación a nivel federal que permita evaluar, supervisar y, en su caso, sancionar el uso de tecnologías que puedan alterar procesos atmosféricos”, concluye la iniciativa.
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