La diputada Verónica Martínez García (PRI) impulsa una iniciativa para que, siempre que las condiciones médicas lo permitan, toda mujer embarazada pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza durante el trabajo de parto y el puerperio, incluido el procedimiento de cesárea.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, plantea adicionar el artículo 61 de la Ley General de Salud.
En la exposición de motivos, la legisladora señala que la violencia obstétrica tiene su origen en prácticas dentro de los servicios de salud que, de manera consciente o inconsciente, pueden implicar acciones u omisiones que provocan daño físico o psicológico a las pacientes, lo que vulnera los derechos humanos y reproductivos de las mujeres.
Explica que este tipo de violencia puede manifestarse de forma física, psicológica o ambas. Entre las acciones que generan perjuicios físicos menciona procedimientos invasivos injustificados, como cesáreas innecesarias, suministro indebido de medicamentos o la negación y retraso de la atención médica en la fase final del embarazo.
En el ámbito psicológico, añade, se incluyen actos discriminatorios, el uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y el trato deshumanizado hacia las pacientes.
La diputada advierte que el problema se ha incrementado, particularmente en comunidades rurales e indígenas. Recordó que en 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre salud materna y denuncias de violencia obstétrica en México, donde se evidenciaron diversas violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Ante esta situación, señala, diversas entidades federativas han incorporado en su legislación la definición de violencia obstétrica como una medida para prevenir, combatir y erradicar esta modalidad de violencia, aunque actualmente no se encuentra reconocida en la legislación federal.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2024 en México se registraron un millón 672 mil 227 nacimientos, con una tasa de 47.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 indica que, de las siete millones 839 mil 186 mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un parto o cesárea en los cinco años previos, el 31.4 por ciento reportó haber sufrido algún tipo de maltrato por parte del personal que las atendió.
El estudio señala que este tipo de violencia ocurre con mayor frecuencia en hospitales o clínicas del sector público, donde alcanza el 37.9 por ciento de los casos, mientras que en instituciones privadas se registra en el 15.1 por ciento.
Martínez García subraya que el objetivo de la iniciativa no es tipificar la violencia obstétrica, sino generar condiciones que permitan prevenir, combatir y erradicar conductas que vulneran los derechos humanos de las mujeres.
Agregó que la erradicación del maltrato y la falta de respeto durante el parto requiere un proceso inclusivo en el que participen mujeres, profesionales de la salud, organismos de capacitación y certificación, asociaciones médicas, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales.
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