El Senado de la República recibió este martes el denominado “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el que el Ejecutivo federal busca modificar diversas leyes para reducir el gasto público en elecciones y acotar privilegios de funcionarios y partidos políticos.
La propuesta fue enviada como alternativa luego de que la reforma constitucional original no prosperara en el Congreso, por lo que ahora se centra en cambios legales que no requieren mayoría calificada.
De acuerdo con el planteamiento, el eje central es la austeridad en el sistema electoral, mediante la disminución de recursos destinados a organismos electorales y financiamiento partidista, así como la reducción de salarios y eliminación de prestaciones adicionales para funcionarios.
El paquete también contempla ajustes a nivel local, como la reducción del número de regidurías en municipios, topes presupuestales a congresos estatales y mecanismos de fiscalización más estrictos sobre el origen de recursos en campañas.
Asimismo, incluye disposiciones sobre la revocación de mandato, que podría realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, y busca fortalecer la participación ciudadana bajo el principio de “menos privilegios y más democracia”, según ha señalado el propio gobierno federal.
Con su llegada al Senado, el Plan B abre una nueva fase de discusión política, en medio de posturas encontradas entre fuerzas legislativas sobre el alcance de la reforma y sus posibles efectos en el sistema democrático mexicano.
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