La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decidió mantener la elección judicial en 2027 como parte del rediseño del llamado “Plan B” electoral, en un contexto donde la reforma constitucional en la materia no logró avanzar en el Congreso de la Unión.
“Tomé la decisión de que siga siendo en el 27, aprovechar ya la elección del 27 para atender todo de una vez”, indicó la mandataria, al justificar que la medida permitirá concentrar los procesos y optimizar recursos.
El anuncio se da luego de que la iniciativa original no alcanzara la mayoría calificada necesaria. “Sólo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada para cambiar la Constitución”, reconoció.
Ante este escenario, Sheinbaum optó por impulsar modificaciones legales que no requieren cambios constitucionales, centradas principalmente en la reducción del gasto público en el sistema electoral.
“Voy a seguir insistiendo en que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, afirmó.
Aunque no se logró recortar el financiamiento a partidos, la propuesta sí establece nuevas reglas de control y transparencia. Entre ellas, que ningún dirigente partidista o funcionario interno pueda percibir ingresos superiores a los de la Presidencia de la República, además de prohibir beneficios adicionales como bonos o seguros privados.
“Que ningún presidente de partido, secretario general o servidor público del partido pueda ganar más que la presidenta”, subrayó.
También se contempla reforzar la fiscalización del origen de los recursos partidistas. En caso de ser necesario, el Instituto Nacional Electoral podrá solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar posibles irregularidades o financiamiento ilícito.
El Plan B incorpora además ajustes en gobiernos municipales. La presidenta cuestionó el tamaño de algunos cabildos y propuso reducir el número de regidores con base en la población. “En algunos municipios hay 20 o 25 regidores, es un exceso”, señaló.
En la misma línea, planteó limitar los ingresos de autoridades locales y evitar el uso discrecional de recursos públicos. “Ningún regidor ni presidente municipal puede asignarse bonos ni usar recursos públicos para fines personales”, dijo.
En cuanto a los congresos estatales, Sheinbaum evidenció diferencias significativas en el gasto legislativo. Citó el caso de Baja California, con un costo cercano a 38 millones de pesos por diputado al año, frente a entidades como Colima, donde el gasto es considerablemente menor.
“Es un exceso que haya congresos que en promedio tengan 38 millones de pesos por diputado”, enfatizó.
Como medida, propuso establecer un tope equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los poderes legislativos locales, con reglas diferenciadas según el nivel actual de gasto.
En materia de participación ciudadana, la iniciativa contempla que la revocación de mandato pueda realizarse en 2027 o 2028, dependiendo de la decisión de futuras administraciones.
Respecto a la elección judicial, además de fijar su realización en 2027, se plantean ajustes operativos para reducir el número de candidaturas en las boletas y fortalecer la revisión de perfiles por parte de los comités de los tres poderes.
Finalmente, la presidenta reiteró su intención de retomar temas que quedaron fuera de la reforma, como la eliminación de legisladores plurinominales, aunque reconoció que ello requerirá nuevamente una modificación constitucional.
“No por eso uno debe dejar de decirlo”, concluyó, al insistir en que la reducción del gasto político seguirá siendo una prioridad de su gobierno.
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