La diputada Elizabeth Martínez Álvarez, del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México establezcan medidas que garanticen el acceso oportuno, gratuito y de calidad a servicios de atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial.
La propuesta, enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, plantea modificar la fracción XVI del artículo 50 para incorporar un enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez, perspectiva de género, interculturalidad y atención comunitaria, además de asegurar la referencia y contrarreferencia para dar continuidad a los tratamientos.
El proyecto también establece que las acciones deberán abarcar la protección, promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental de este sector, como parte de su derecho al desarrollo integral.
Asimismo, contempla la implementación de programas de prevención del suicidio, así como la detección y atención de trastornos emocionales, conductas autolesivas, violencia, acoso escolar y consumo de sustancias. También propone capacitación para personal educativo, de salud y asistencia social, garantizando la dignidad, confidencialidad y autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
En su exposición de motivos, la legisladora subraya que la salud mental es un componente esencial del desarrollo integral y un derecho humano, cuya afectación en la infancia no solo provoca sufrimiento individual, sino consecuencias en el aprendizaje, la convivencia social y la cohesión comunitaria.
Detalló que entre los trastornos más comunes en este sector se encuentran el TDAH, la ansiedad y la depresión, los cuales impactan de manera significativa en su desarrollo.
Martínez Álvarez advirtió que, aunque el artículo 4° constitucional reconoce el derecho a la salud, la legislación actual carece de un desarrollo específico en salud mental infantil, lo que ha derivado en políticas fragmentadas y desigualdades entre entidades.
Finalmente, señaló que la falta de prevención y atención oportuna incrementa problemas como trastornos emocionales, consumo de sustancias y riesgo suicida, especialmente en contextos de pobreza, violencia o marginación, lo que compromete el bienestar presente y futuro de la niñez y adolescencia.
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